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Golpe a la libertad de prensa en Costa Rica
Por Alejandra Zúñiga
El pasado 25 de
enero, la prensa costarricense recibió una mala noticia: la
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia
impuesta al periodista Mauricio Herrera y al diario La
Nación por la "publicación de ofensas" contra el ex diplomático
Félix Przedborski.
La Sala Tercera
(instancia final) rechazó así dos recursos de casación o apelaciones
contra el fallo emitido en 1999, que encontró a Herrera culpable
de dicho delito y lo condenó a 160 días multa. Asimismo, sentenció
al reportero y a La Nación al pago de 60 millones de
colones (unos $187.000).
Así concluyó un
largo y complejo proceso judicial iniciado en 1995 luego de
la publicación de una serie de reportajes escritos por Herrera
sobre Przedborski y los cuestionamientos que reconocidos medios
de comunicación belgas hicieron del entonces funcionario costarricense.
Przedborski -quien
ostentó el cargo de embajador honorario ante la Organización
Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, Austria-
acusó al periodista y, solidariamente en lo civil, a La
Nación, por "publicación de ofensas", "calumnia" y "difamación".
El 29 de mayo de
1998, Herrera y La Nación fueron absueltos por tres
razones principales: el interés público de las informaciones,
la falta de dolo (mala intención) del periodista y la demostración
de que, efectivamente, las serias denuncias habían existido.
Sin embargo, el
ex diplomático recurrió ante la Sala Tercera, que acogió su
pedido, anuló la absolutoria y obligó a un nuevo juicio, con
dos argumentos esenciales: que la sentencia no fundamentaba
la ausencia de un "dolo directo o eventual" por parte del
periodista, y que la "excepción de la verdad" obligaba a probar
tanto la existencia de las denuncias en los periódicos europeos
como el fondo de ellas.
El nuevo juicio,
en otro tribunal, concluyó el 12 de noviembre de 1999 con
la más severa condena jamás registrada en conflictos de prensa
en el país: 160 días multa (reducidos a 120) para Herrera,
el pago de una indemnización por 60 millones de colones (unos
$187.000) a favor del querellante, la publicación del "por
tanto" de la sentencia y el pago de las costas del proceso.
Además, en otra
cláusula sin precedentes en la historia judicial costarricense,
se ordenó al periódico a retirar el enlace existente entre
el apellido Przedborski y las publicaciones sobre el caso
aparecidas en la edición en Internet (La Nación Digital).
El fallo atribuyó
un dolo total a Herrera y estimó que no había probado la verdad
de sus afirmaciones, esencialmente porque no demostró que
existieran en Europa resoluciones judiciales que condenaran
a Przedborski por las denuncias en su contra publicadas allá.
Casi un mes después,
La Nación presentó dos recursos de casación ante la
Sala Tercera, los cuales fueron rechazados el 25 de enero
del 2001. Esta decisión generó preocupación entre los directores
de medios en Costa Rica y la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP) por sus implicaciones para el ejercicio periodístico
y la libertad de prensa.
La sentencia contra
Herrera y La Nación reafirma que el medio costarricense
que publique cualquier denuncia o crítica que se dé en el
extranjero sobre un personaje nacional, sin importar cuán
confiable o reconocida sea la fuente, correrá el riesgo de
ser condenado si no es capaz de probar, con documentos judiciales,
cada hecho.
Esto equivale a
que informaciones indispensables en el periodismo, como las
provenientes de agencias de prensa o publicaciones extranjeras,
serán siempre riesgosas, a menos que se pueda demostrar su
contenido. También implica que la conducta de los funcionarios
costarricenses, según se divulga en el exterior, no puede
ventilarse públicamente en Costa Rica.
Por todo lo anterior,
y al haberse cerrado las posibilidades locales, La Nación
ha planteado una denuncia ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos con el objetivo de frenar esta resolución
y de que desaparezcan las restricciones del ejercicio de la
libertad de prensa en Costa Rica.
Alejandra
Zúñiga es reportera de La
Nación.
(26
de febrero del 2001)
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