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Obvio, quizás. Pero para el diario que edito, El Nuevo Día, fueron necesarios 25 meses, una campaña de litigio masiva y una amarga confrontación con el Gobernador de Puerto Rico para probar que los principios de la Primera Enmienda [de la Constitución de los Estados Unidos que garantiza libertad de expresión] pueden sobrevivir una violenta embestida por parte de los oficiales electos. La semana pasada resolvimos la demanda en contra del Gobernador Pedro Roselló y seis de sus asociados. Las condiciones fueron claras: el cese instantáneo a la guerra económica contra El Nuevo Día; el reconocimiento del derecho a publicar sin riesgo de represalias económicas; y la abstención del uso del presupuesto publicitario gubernamental para influenciar reportajes noticiosos. Esta es una victoria para la libertad de prensa y para el acceso público a una cobertura periodística impoluta por la interferencia política. Pero el conflicto también nos recuerda cuán frágiles pueden ser estos derechos. A fines de 1996, nuestro diario emprendió una vigorosa cobertura de la situación política. Publicamos artículos analíticos y de investigación describiendo el mal uso de fondos aportados por los contribuyentes en operaciones gubernamentales. En abril de 1997, publicamos una evaluación de los primeros 100 días del segundo período en funciones del gobernador. Esto aparentemente precipitó una ofensiva general por su parte. Al día siguiente de aparecer el artículo, 18 agencias gubernamentales cancelaron compromisos publicitarios que alcanzaban los 6 millones de dólares. Siguieron otras represalias, incluyendo negativas a suministrar información generalmente disponible. Una de las tácticas fue verdaderamente asombrosa. Sin siquiera aparentar acato al debido procedimiento de ley, reguladores gubernamentales comenzaron a sancionar a la Compañía de Cemento de Puerto Rico, una corporación pública en la cual mi familia tiene intereses económicos. Permisos existentes para dos proyectos de construcción fueron abruptamente retirados. Inocentes circunstantes resultaron perjudicados, incluyendo los accionistas y empleados de la compañía de cemento. A través de intermediarios, recibimos mensajes de que si hacíamos nuestra cobertura más favorable al gobernador, se aliviarían las presiones económicas sobre el diario y la compañía de cemento. Nos rehusamos. Al cabo de ocho meses de tensión –y pérdidas financieras significativas– demandamos en la corte federal. "Flagrantes" abusos El Tribunal de Apelaciones de Distrito del Primer Circuito, en un importante precedente, dictaminó el pasado Noviembre que la compañía de cemento también está en posición de demandar basándose en la Primera Enmienda, aún cuando el punto focal original haya sido el derecho a la libre expresión del diario. El tribunal rechazó la petición del gobernador de "inmunidad condicional" de la demanda. En enero, el tribunal calificó los abusos como "flagrantes". La defensa del gobernador comenzó a agrietarse. El juez sugirió una componenda, la cual concluyó finalmente en un acuerdo. Este pleito tuvo altos costos y numerosas víctimas. Entre ellas: los contribuyentes puertorriqueños, quienes están pagando varios millones de dólares por las cuentas legales de la parte demandada; los trabajadores, cuyas tareas se detuvieron a raíz de la cancelación de los proyectos de la compañía de cemento; y cientos de personas de bajos ingresos, para quienes la construcción de nuevas viviendas ha sufrido una demora de dos años. No podíamos ignorar la gran importancia de los principios implicados. Pero el hecho de que hubo que librar una batalla, y de que otros podrían enfrentar batallas similares, debería ser motivo de preocupación para todos nosotros.
(Luis Alberto Ferré Rangel es director de El Nuevo Día de San Juan.) (16 de mayo de 1999) |
la
Primera Enmienda".CENTRO
INTERNACIONAL DE PRENSA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA FLORIDA, MIAMI - 2000