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¿Libertad de prensa en Venezuela?

Por Omar Estacio

He sido escogido para encabezar el equipo de abogados que defiende a Pablo López Ulacio, editor de La Razón, que se edita en Caracas. Desde su fundación, el periódico ha sido un órgano plural, abierto al debate, pero con una línea editorial dura, combativa frente a los actos de corrupción en perjuicio del patrimonio público. La petición de cárcel que ahora enfrenta López Ulacio es el precio que se le pretende cobrar por haber asumido tal postura de principio.

Como medida represiva contra el semanario La Razón, el Presidente Hugo Chávez ordenó la supresión de la publicidad oficial en ese periódico.

La primera medida de revancha del gobierno del presidente Chávez fue la supresión de toda publicidad oficial en el periódico. Ni un sólo aviso para La Razón, fue la orden emanada desde el alto gobierno, de modo que todos los organismos del Estado que pautaban normalmente en el semanario, acataron de inmediato la suspensión acordada por sus superiores. A las pocas semanas, los anunciantes no gubernamentales también se retiraron del periódico. Se ha logrado recopilar información de las advertencias de funcionarios del Gobierno a las agencias de publicidad, sobre lo "inconveniente" de pautar sus avisos en un periódico hostil a la administración de Chávez. Es de destacar que este último, en su época de opositor, cuando muy pocos medios le ofrecían tribuna, fue acogido por dos años como columnista fijo del semanario.

Chávez, hoy Presidente, se reveló contra el bipartidismo que gobernó al país en forma ineficaz y muchas veces corrupta en los últimos 40 años. Aunque su victoria del 6 de diciembre de 1998 fue inobjetable, una vez instalado en la presidencia, implementó un mecanismo electoral que le permitió obtener el 90 por ciento de las bancas de la Asamblea Nacional, pese a que sus partidarios sumaron sólo el 60 por ciento de los votantes para estas elecciones parlamentarias.

Con tal mayoría, Chávez colocó a gente vinculada con su partido en el Tribunal Supremo, la Fiscalía General, la Contraloría, el Consejo Electoral, y en una comisión de justicia que controla en forma absoluta el ingreso y las destituciones de jueces del sistema de tribunales. Por si fuera poco, el Presidente en persona ha atacado en forma verbal a los dueños de medios, cada vez que publican alguna información que no es de su agrado. Durante el año pasado, el señor Petkoff, director de El Mundo, denunció que el Seniat, organismo encargado del cobro de impuestos y que depende directamente del Presidente, multó a los propietarios del vespertino con 30 millones de dólares, por presunta evasión fiscal, como un mecanismo para presionar al vespertino a abandonar su línea de crítica al Gobierno. Finalmente Petkoff se vio obligado a renunciar a la dirección del periódico.

La Razón publicó una serie de reportajes en los que informó el otorgamiento de ventajas comerciales al señor Carrero, viejo amigo y financista del presidente Chávez. Esas denuncias, que hoy sirven de base a la solicitud de cárcel contra López Ulacio, se pueden resumir de la siguiente manera:

El semanario dio a conocer que la empresa Multinacional de Seguros, C.A., propiedad de Carrero, obtuvo contratos con entes oficiales, pese a que en algunos casos no ofreció las condiciones más ventajosas y pese a que se niega a pagar una cuantiosa deuda que mantiene pendiente con un organismo del Estado.

Por otra parte, a mediados del año pasado, el gobierno de Chávez subastó un lote de empresas de radio. Los favorecidos en la subasta resultaron ser los señores Pérez Quero y González Contreras, quienes pagaron cerca de 18 millones de dólares para convertirse en nuevos propietarios de las radioemisoras. Después de una laboriosa investigación de semanario, se comprobó que Pérez Quero y González Contreras eran dos modestos empleados cuyos sueldos apenas sobrepasaban los 1.000 dólares por mes. Se comprobó, además, que el dinero de las garantías ofrecidas para inscribirse en la subasta, procedía de empresas del señor Carrero. La Razón denunció y probó igualmente que, antes de la apertura de la recepción de ofertas, el organismo encargado de organizar la venta había excluido en forma ilegal a un importante número de potenciales compradores, con el propósito de procesar solamente las ofertas de Pérez Quero y González Contreras, quienes al verse descubiertos por el periódico, terminaron por hacer pública su "sociedad" con Carrero. La Razón ha denunciado que los señores Pérez y González, desde un principio, actuaban como testaferros del poderoso Carrero.

La tercera denuncia del periódico se refiere a un viaje realizado por el presidente de la Asamblea Nacional y el ministro de Relaciones Interiores, al Mass. General Hospital de Boston, en un avión privado, acompañados por Carrero. Hasta ahora los mencionados altos funcionarios se han negado a aclarar quién pagó el alquiler de la aeronave, estimado en 100.000 dólares.

Por último, a comienzos de este año el semanario denunció que Impresores Micabu, una empresa en la que figuraban como socios el mismo Carrero, el presidente de la Asamblea Constituyente, el presidente de la ya mencionada Comisión de Justicia y un integrante del Tribunal Supremo, había sido favorecida por el Consejo Electoral con un contrato para imprimir ocho millones de ejemplares de la recién sancionada Constitución de Venezuela. De acuerdo con esa misma Constitución, a los funcionarios públicos se les prohibe contratar con entidades del Estado.

En Venezuela los llamados delitos de prensa se rigen por el Código Penal aprobado en 1926. La parte acusadora ha invocado los preceptos de ese viejo instrumento legal para señalar que las afirmaciones de La Razón contienen algunas imprecisiones que harían a su editor responsable del delito de difamación.

Como defensores, hemos alegado que todos los reportajes de La Razón estuvieron soportados por abundante evidencia documental. Ello revela diligencia en la obtención de la información, por lo que la supuesta ausencia de precisión absoluta, en un cien por ciento, no daría lugar a responsabilidad del editor del periódico. Por otra parte, los redactores intentaron repetidas veces entrevistar a Carrero para obtener su versión sobre las denuncias, pero este último se negó una y otra vez a responder las preguntas del semanario.

La Razón ha expresado su preocupación por las pocas posibilidades de obtener un juicio imparcial. El tribunal que sentencie este juicio tendrá, entre otras cosas, que dictaminar como lo exigimos como defensores, si además del señor Carrero, el presidente de la Asamblea, un integrante del Tribunal Supremo, y el presidente de la Comisión de Justicia, incurrieron en actos ilícitos. Por si fuera poco, dos exempleados de Carrero hoy figuran también como integrantes del citado Tribunal Supremo y, a mediados del año pasado, circuló la información de que la designación del Fiscal General se había decidido en las oficinas del magnate.

¿Existirá en Venezuela –se pregunta el periódico– algún juez que se atreva a fallar en contra de quienes, con su sola firma pueden removerlo del cargo o ascenderlo a responsabilidades más importantes?

Al momento de redactar esta crónica, no se ha abierto la etapa pública del juicio y el Tribunal debe resolver algunas mociones previas de anulación que formulamos por violación del debido proceso.

Omar Estacio, expresidente de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela. Exprofesor de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido juez relator de la Corte Suprema de Justicia, presidente del Banco Industrial de Venezuela y diputado al Congreso de la República. Actualmente es columnista exclusivo del diario El Universal, de Caracas, y director del Escritorio Estacio, fundado en 1943.

(12 de marzo del 2000)