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¿Cómo falsificar un millón de firmas?

Por Ricardo Uceda

El año comenzó con reajustes en la Unidad de Investigación de El Comercio. Lo de siempre: cómo lograr que los trabajos de largo plazo no impidan la producción ligera. Y viceversa. Luego de varias reuniones para considerar los proyectos, la información almacenada, las fuentes y las ideas, surgieron medidas prácticas que, supuestamente, harían marchar al grupo como un reloj.

Hacia fines de enero la nueva planificación iba viento en popa, hasta que un joven que se negaba a revelar su nombre, llamó al diario. Julia María Urrunaga, encargada de investigaciones económicas, atendió el teléfono. Era un electricista desempleado, ofreciendo información sobre la propaganda urbana de Fujimori. Las paredes de Lima habían sido monopolizadas por el lema oficialista "Perú País con Futuro", difundido con recursos del Estado. El informante, decía pertenecer a la red clandestina de pintadores. Los había conocido hacía unos meses –dijo, dando un dato al paso– durante la falsificación de firmas para inscribir a uno de los movimientos que postularía a Fujimori como candidato para un tercer período presidencial.

Urrunaga indagó más sobre esto último, y Carlos Rodríguez, el informante, mostró la pólvora: "El año pasado más de 400 personas trabajamos diariamente 24 horas, en tres turnos, falsificando firmas para Fujimori", explicó. No conocía la cifra exacta, pero un cálculo rápido indicaba que, si la información era correcta, se había adulterado más de un millón de firmas. La ley exige a cada partido que acredite 600.000 adherentes para postular a un candidato.

Algo disparatado había en el dato que sugería su veracidad. Cuando Julia María me lo contó, le pedí una reunión con la fuente. "Si lo que dice es cierto, vamos a tener que meter a toda la unidad en este caso". Lo dije sin entusiasmo porque nuestra planificación de enero proponía lo contrario: un mayor espacio para el trabajo individual.

Nos encontramos con Rodríguez en un restaurante de Pueblo Libre, donde comimos pollo a la brasa mientras tratábamos de estudiar su personalidad. Su hablar entrecortado y su miedo evidente, nos hizo inclinarnos a creer en sus palabras. Además de Julia María y yo, en la reunión estuvieron Miguel Ramírez, que cubre el área de seguridad, y Enrique Flor, a cargo de asuntos políticos. Sólo faltaba Javier Casas, el abogado del equipo, quien disfrutaba de unas vacaciones en una playa del norte.

El trato con personas que traen información prometedora es común en un grupo de investigaciones, pero muy raramente estas fuentes pasan de mano en mano o son entrevistadas por todos. En este caso, sin embargo, la ocasión pedía varios olfatos para decidir una acción rápida. Vistas las cosas después, esta socialización resultó decisiva para que Rodríguez se transformara pues su idea inicial había sido darnos los datos para que nosotros los investigáramos, y no volver más por el periódico.

Metodológicamente el asunto era simple. Había que grabar su testimonio e ir verificándolo punto por punto. Decía que en un edificio de cuatro pisos en Bellavista, y con apoyo logístico de Oscar Medelius (representante oficioso del asesor presidencial Vladimiro Montesinos, para muchos el hombre más poderoso del país) se había falsificado la mayoría de las firmas de Perú 2000, el principal movimiento que postulaba a Fujimori. Rodríguez desconocía a la mayoría de las personas reunidas allí, pero recordaba la fisonomía y los seudónimos de los coordinadores. Sobre todo tenía información sobre la participación directa en el fraude de Luis Navarrete, brazo derecho del brazo derecho de Fujimori: Absalón Vásquez.

Durante un mes, Rodríguez, de 23 años, caminó Lima de arriba abajo con los periodistas de la unidad, reconociendo locales, señalando personajes, y entablando conversaciones –algunas de ellas grabadas– con sus antiguos compañeros.

En uno de estos diálogos, un exfalsificador contestó con elocuencia la llamada del informante.

—Hola. Soy Carlos Rodríguez.

—¿Rodríguez?

—Claro, el de la falsificación de firmas.

—Ah, hola.

—Oye, ¿no habrá más trabajo?

—No, ¿para qué? El movimiento ya está inscrito.

Fueron estos diálogos, insospechables de simulación, los que terminaron de convencer a los periodistas. Para entonces se habían unido al grupo Santiago Pardo, de Canal N (la principal televisora de noticias peruana, del consorcio de El Comercio) y Pablo O’Brien, del semanario Somos, también del grupo editorial. La alianza con Canal N fue un avance estratégico pues, aparte de que Pardo traía cámaras y micrófonos que podían disimularse y transmitir desde 100 metros, la difusión simultánea del informe por la televisión iba a aumentar su impacto. En total, durante la etapa investigativa, y considerando dos choferes y al camarógrafo-reportero Willy Neyra, trabajaron 12 personas con dedicación exclusiva. Rodríguez no comprendía por qué tanta gente le daba vueltas a su versión. "Oiga usted. ¿Me creen o no?", me preguntó una noche.

Las indicaciones del director del diario, Alejo Miró Quesada –que supervisó diariamente la fase final de la investigación y aprobó la última coma de las cinco páginas que ocuparía– no pretendían un testimonio abierto, sino completamente verificado. El 28 de febrero, un día antes de que el informe apareciera, 15 periodistas tocaron las puertas de igual número de supuestos falsificadores para preguntarles si, efectivamente, habían participado en el fraude. Todos, salvo uno, contestaron que no.

Para entonces Carlos Rodríguez se hallaba en Costa Rica con sus hermanos Marita y Denis, de 22 y 19 años. Marita había participado en la falsificación por un tiempo y también se animó a declararlo abiertamente, de modo que corría tanto riesgo como su hermano. Para acompañarlos, el abogado del periódico suspendió sus vacaciones, regresó a Lima, se puso al tanto de las cosas en el aeropuerto y partió de inmediato a San José.

Se fueron cuando caía la tormenta; no sobre el vuelo, sino a sus espaldas.

Abastecida por el gobierno, la prensa oficialista desató una aluvión de ataques y supuestos desmentidos. Pero a cada refutación correspondió una réplica imbatible, extraída del arsenal de evidencias obtenidas durante la etapa de investigación. Declaraciones, filmaciones, diálogos grabados y documentos, eran mostrados a medida que la artillería fujimorista se alejaba del tema mismo de la falsificación y se concentraba en Carlos Rodríguez, cuya identidad había sido revelada por la Fiscalía, y a quien se acusaba, sin prueba alguna, de ser asesino, ladrón, homosexual y drogadicto. La campaña estaba en su apogeo cuando Erika Martínez Liñán, de 23 años, egresada de Derecho, decidió contar abiertamente su experiencia como falsificadora de firmas.

El caso dio un vuelco. Los hermanos Rodríguez volvieron de Costa Rica y declararon oficialmente en la Fiscalía. Fujimori calló a su prensa adicta y desautorizó cualquier maniobra judicial contra El Comercio. Prominentes oficialistas renunciaron a sus candidaturas al Congreso por su implicación con el fraude. Sólo faltó, a decir verdad, que dimitiera Absalón Vásquez (número uno en esa lista de postulantes y presunta eminencia gris de las adulteraciones) para que pudiera decirse que los principales sospechosos se sometían a la investigación.

Pero eso no ocurrió, como tampoco hubo una actitud imparcial del Ministerio Público, controlado por Montesinos. Lo cual explica el estado actual de las cosas: mientras la investigación periodística halla nuevas vetas, la del Estado recurre a sus viejas maniobras. La eterna Fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, acaba de declarar inverosímil la posibilidad de falsificar un millón de firmas.

Ricardo Uceda es jefe de la unidad de investigación del diario El Comercio de Lima.

(11 de abril del 2000)