La
larga lucha después de la paz
Por
Juan Luis Font
Hace 38 años que
empezó la guerra en Guatemala y hace sólo dos que se firmó la
paz. La mayor parte de los periodistas de este país hemos trabajado
durante más tiempo con la certeza de la existencia de una fuerza
insurgente que sin ella. Quienes no alcanzamos a cubrir los
detalles de las campañas antisubversivas, que acabaron con aldeas
enteras y desaparecieron cientos de personas en las ciudades,
presenciamos la exhumación de cuerpos en cementerios clandestinos.
Durante la guerra
hubo que cerrar estaciones de radio por las presiones del gobierno,
pagar rescate a la guerrilla por la liberación de propietarios
de matutinos, enterrar a reporteros asesinados y buscar a desaparecidos.
Nada de eso ocurre ahora y, sin embargo, puede decirse que la
firma del acuerdo de paz ha traído pocos cambios a las condiciones
que se viven para ejercer el periodismo en este país.
La respuesta a la
paradoja es sencilla. Aunque en términos formales la guerra
concluyó el 29 de diciembre de 1996, la tensión en torno al
conflicto se había relajado desde mucho antes. La firma del
acuerdo representó un avance cualitativo para el país, supuso
la apertura del sistema legal para cualquier expresión política,
pero en lo que se refiere a la libertad de expresión, sólo vino
a confirmar lo que ya era un hecho.
Hace años que la
prensa dejó de recibir recomendaciones de los gobiernos militares
pidiendo que no se nombre a los alzados en armas con los términos
‘guerrillero’ o ‘rebelde’ que podrían tener
una connotación positiva. Hace años que no se obliga a un reportero
a partir al exilio por la publicación de una nota. Las publicaciones
en torno a corrupción, tráfico de drogas, participación de militares
en negocios turbios y violaciones de derechos humanos, abundan
en las páginas de los diarios guatemaltecos.
Claro que, las condiciones
en las que se trabaja en Guatemala todavía están muy lejos de
ser similares a las que viven los periodistas de otros países
menos convulsos y han variado conforme el tiempo. Pero también
es aventurado atribuir todos los hechos de violencia padecidos
por reporteros y editores a ataques contra la prensa, como hizo
recientemente la Asociación de Periodistas de Guatemala ante
una comisión de la OEA.
Guatemala es un país
de alta criminalidad y no es extraño que cinco periodistas en
los últimos cuatro años hayan sufrido asaltos. De todos los
incidentes ocurridos a periodistas, quizá sólo el ataque con
granadas padecido por un reportero de la ciudad de Cobán, Alta
Verapaz, pueda atribuirse a su cobertura del proceso que se
sigue contra 25 miembros de una patrulla militar acusados de
cometer la masacre de Xamán.
Con el tiempo, los
ataques armados se han hecho menos frecuentes y han dado paso
a otro tipo de presiones. Mensajes anónimos, llamadas amenazadoras
o quizá el envío de una corona fúnebre cuando se tratan temas
como la presunta participación de militares en el asesinato
del obispo Juan Gerardi (ocurrido en abril de 1998), todavía
se observan entre reporteros guatemaltecos.
Puede darse una explicación
al hecho de que todavía se recurra a la violencia para amedrentar
periodistas. Las características del tipo de procesos de paz
que han tenido lugar en países como Guatemala o El Salvador,
no suponen la liquidación total del poder que durante la guerra
acumularon algunos sectores (verbigracia, ciertos grupos militares).
Por eso, más de algún interesado aún echa mano de ese poder
cuando le parece útil.
Pero las presiones
más graves que sufren ahora los medios son las económicas.
Ahí está el caso
de Crónica. Esta revista semanal, fundada once años
atrás, agoniza. Convertida en la crítica más severa del gobierno
de Alvaro Arzú (como lo fue del de Ramiro de León Carpio y del
de Jorge Serrano), la publicidad contratada en sus páginas sufrió
una reducción del 80 por ciento desde el segundo año de gestión
del actual mandatario.
Crónica
ha asegurado que Arzú mismo (el Presidente que suscribió la
paz al cabo de un proceso llevado a cabo por cuatro administraciones
distintas), ha pedido a empresarios simpatizantes con su gobierno
que no le pague publicidad al semanario. El gobierno ha negado
persistentemente los señalamientos y atribuye a las reglas del
mercado la bancarrota de Crónica.
Pero lo cierto es
que durante años Crónica mantuvo su solvencia y a pesar
de haber denunciado tiempo atrás un intento de boicot publicitario
por parte de miembros del Opus Dei en Guatemala, había logrado
incrementar sus ganancias con cada ano de existencia.
En febrero pasado
se hizo público que un vocero oficial distribuyó por escrito
la orden tajante que prohibía a cualquier institución del Estado
comprar espacio publicitario en la revista o aun suscribirse
y pedía a los funcionarios que no se le concediera ninguna entrevista
exclusiva a los periodistas que trabajaban en ese medio.
El semanario, que
durante años fue rentable, apenas sobrevive, mientras sus socios
negocian la venta de los activos.
¿Cómo puede explicarse
esta aparente contradicción? ¿Cómo puede comprenderse que sea
el propio gobierno que suscribe la paz con la guerrilla el primero
en ser señalado de intentar la quiebra de un medio?
La respuesta quizá
la tenga Mario Vargas Llosa. El escritor peruano dijo en la
más reciente Asamblea de la SIP, en Montevideo, Uruguay, que
muchos países latinoamericanos poseen irreprochables sistemas
electorales, pero una democracia muy precaria. La debilidad
del modelo se basa en que la cultura del país es autocrática.
En Guatemala, el presidente Arzú la emprendido en público contra
la prensa y ha llamado ‘fafero’ (vendido) al gremio
entero en cadena nacional de radio y televisión. Arzú es un
empresario convertido en político y tiene el apoyo del sector
privado organizado.
No mucho tiempo atrás,
otro Presidente impecablemente electo, sin duda el más esforzado
impulsor de las negociaciones de paz con la guerrilla, intentó
poner en práctica la fórmula de Alberto Fujimori y mandó a censurar
a todos los medios de comunicación del país en tanto triunfaba
su autogolpe de estado.
El mal del autoritarismo
no parece ser exclusivo de Guatemala y Perú. Dirigentes de Argentina,
Paraguay, Venezuela muestran los mismos rasgos. Existe ya un
antecedente de desaparición de un telenoticiero por presiones
gubernamentales. Esto se produjo con "Aquí El Mundo",
diez años atrás, cuando el canal de televisión que le vendía
el espació optó por no renovarle su contrato ante la mirada
satisfecha del gobierno de Vinicio Cerezo. En aquella época,
las condiciones políticas del país eran distintas. Cerezo, el
primer mandatario civil tras cinco regímenes encabezados por
militares, padeció dos asonadas. Durante uno de esos intentos
de golpe, "Aquí El Mundo" lució como banderilla el
pañuelo que identificaba a las tropas golpistas. Sin duda, aquellos
eran otros tiempos.
Nadie piensa ahora
en cuartelazos o acciones militares en Guatemala, pero aún son
años de lucha los que la prensa tiene por delante.
(Juan
Luis Font, director periodístico de elPeriódico,
de Guatemala.)
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