La tan temida injusticia
Por Eduardo Kimel

Hace casi diez años se publicó en Argentina la primera edición del libro "La masacre de San Patricio". Desde que los lectores pudieron leerlo me sentí orgulloso de mi trabajo. Era mi forma de contribuir a la construcción de la memoria colectiva, tratando de arrojar luz allá donde la represión más cruenta y la confusión premeditada había pretendido enterrar en el más infame de los silencios la muerte de los cinco religiosos de la comunidad palotina.

Eduardo Kimel

El libro tenía, en ese sentido, un doble propósito: investigar cómo sucedió el asesinato de los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, el 4 de julio de 1976, y demostrar cómo el quíntuple homicidio se inscribió en el objetivo del terrorismo de Estado de destruir todas las manifestaciones de organización popular que habían caracterizado la etapa abierta por la lucha contra la anterior dictadura militar hasta el golpe militar del 24 de marzo.

Quizás fui ingenuo, pero cuando se publicó el libro jamás pensé que pudiera generar una querella judicial. Y menos que la misma proviniera del juez Guillermo Rivarola, el mismo que tuvo a su cargo investigar el crimen durante la dictadura. Un breve párrafo que le dediqué a evaluar la actuación de Rivarola fue suficiente para que éste me iniciara en 1991 una causa por presuntas calumnias. El libro decía al respecto: "El juez Rivarola realizó todos los trámites inherentes. Acopió los partes policiales con las primeras informaciones, solicitó y obtuvo las pericias forenses y las balísticas. Hizo comparecer a una buena parte de las personas que podían aportar datos para el esclarecimiento. Sin embargo, la lectura de las fojas judiciales conduce a una primera pregunta: ¿Se quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios? La actuación de los jueces durante la dictadura fue, en general, condescendiente cuando no cómplice de la represión dictatorial. En el caso de los palotinos, el juez Rivarola cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta. La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto."

En octubre de 1995, la jueza Angela Braidot, considerando que estaba acreditado el delito de injurias, me condenó a un año de prisión en suspenso y a pagarle a Rivarola una indemnización de $20,000 dólares. En noviembre de 1996, la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones, con el voto unánime de sus tres integrantes, anuló el fallo anterior y me absolvió.

En diciembre del año pasado, la Suprema Corte de la Nación hizo lugar a un recurso presentado por Rivarola, revocó el fallo anterior y lo devolvió a la Cámara para que se dictara nueva sentencia. Así lo hizo la sala IV de la Cámara, integrada por Alfredo Barbarosch y Carlos Gerome, quienes el 8 de abril, hallándome culpable esta vez del delito de calumnias, confirmaron la pena impuesta por la jueza de primer instancia.

Desde ese momento un sentimiento de repudio generalizado contra este fallo ha recorrido los más diversos sectores de nuestra sociedad. La Unión de Trabajadores de Prensa (UTPBA) y la Asociación Periodistas encabezaron una campaña de denuncia tanto en el plano nacional como internacional. La condena fue rechazada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El 16 de abril, Santiago Cantón, relator para la Libertad de Prensa de la OEA emitió un comunicado donde dice: "Causa sorpresa a la Relatoría que termine siendo castigado el periodista que realizó una investigación de ese horroroso crimen, mientras que los autores del crimen, sus encubridores y cómplices, siguen impunes."

En Ciudad del Cabo (Sudáfrica), 26 organizaciones de periodistas y de derechos humanos suscribieron una declaración en la que instan "a los integrantes del máximo tribunal argentino a reconsiderar ambas sentencias y a dictar un fallo justo".

He recibido también la solidaridad de numerosas organizaciones de derechos humanos y de la comunidad palotina. Varios legisladores nacionales y de la ciudad de Buenos Aires se han interesado en el caso y promovieron en el ámbito parlamentario mociones de rechazo, cuya consecuencia final es imposible determinar en este momento.

No estoy solo. En este contexto, me siento acompañado y apoyado. Cuando escribí el libro no quise provocar el revuelo que ha generado esta insólita causa judicial.  Pero la acción de la justicia me ha obligado a defender mi texto con todos los medios legales disponibles: comprobé que pretenden silenciarme porque critiqué la actuación de la justicia durante la dictadura militar. Y de manera corporativa, una parte de la justicia, con argumentos que se contraponen con la realidad objetiva, defiende a Rivarola, protegiéndose por extensión de las críticas emitidas por el periodismo. Se creen inmunes, como si sus decisiones no fueran actos de gobierno sujetos al control y la crítica públicas. Ni siquiera han tomado en cuenta que mi libro demuestra claramente que todas las afirmaciones están sustentadas en la lectura y el análisis serios de la causa judicial abierta por la muerte de los cinco palotinos.

Pero el efecto del castigo no termina en mi persona. Al condenarme dan un mensaje a todo el periodismo: "Publiquen lo que quieran, acá no hay censura previa. Pero después los castigaremos con las querellas que inevitablemente se iniciarán." Esta es una forma clara de limitación a la libertad de expresión que no solo afecta al periodismo, sino también a la población en general, pues le cercena su derecho a ser informada.

Los jueces que me condenan no pueden demostrar que lo que escribí no es cierto, porque el hecho objetivo es que la investigación encabezada por Rivarola en los años 1976 y 1977 no logró ubicar a los asesinos. Y que los criminales están en libertad entre nosotros. Del mismo modo, tampoco podrán explicar porqué si entre 1976 y 1983 hubo miles de asesinatos, secuestros y torturas cometidos por las Fuerzas Armadas, ninguno de los criminales fue castigado en ese período.

Hemos presentado un recurso extraordinario ante la Suprema Corte. Si se confirmara el fallo, llevaremos el caso ante los organismos internacionales correspondientes para obtener la justicia que se me niega en mi país. Quizás todas las manifestaciones públicas contra esta arbitraria condena sirvan para torcer el rumbo antes que sea necesario llegar a esas instancias.