La mordaza fujimorista: el caso Ivcher-Canal 2
Por Iván García Mayer

Domingo 13 de julio de 1997: Por primera vez en su historia, el matutino oficial El Peruano salía a la calle después del mediodía, sin ninguna explicación previa.

Desde muy temprano, periodistas de Frecuencia Latina-Canal 2 habían recorrido Lima buscando la edición del matutino gubernamental. Pero fue como buscar una aguja en un pajar.

Baruch Ivcher, accionista mayoritario de Canal 2, de Perú, se vio obligado a salir al exilio.

Ese mismo día hablé con su director de entonces, quien sólo atinó a decir que no sabía cuál podía ser la razón "técnica" o "mecánica" que había provocado que a El Peruano se le pegaran las sábanas en la imprenta.

Horas antes, el programa dominical "Contrapunto", de Canal 2, había vuelto a despabilar, a miles de hogares peruanos con un reportaje de investigación de alto voltaje: una poderosa red espionaje telefónico, atribuible a los Servicios de Inteligencia, de cuya existencia daban cuenta cerca de 200 transcripciones de conversaciones –cada una con su respectivo código e identidad del equipo militar de intrusión– de periodistas, políticos de oposición, jueces, fiscales, alcaldes, empresarios, gerentes de bancos y ministros.

Para mayores pruebas, la Unidad de Investigación de Canal 2, dirigida por el periodista José Arrieta, también obtuvo grabaciones que respaldaban la veracidad de las transcripciones. Varios de los "pinchados", "chuponeados" o interceptados, reconocieron haber estado presentes en esas conversaciones.

La noticia corría como reguero de pólvora y amenazaba con ser la protagonista de las primeras planas del día siguiente. Sin embargo, la legañosa edición de El Peruano se adelantó. Entre las páginas de su edición de Normas Legales vino la Resolución Directoral a través de la cual el gobierno de Alberto Fujimori despojó a Baruch Ivcher, accionista mayoritario y entonces presidente del directorio de Canal 2, de la nacionalidad peruana que adquirió en 1984.

Y es que de acuerdo con una controvertida norma, sólo los peruanos pueden explotar servicios de radiodifusión en televisión. Así, 13 años después, el régimen echaba mano de un pretexto bárbaro entresacado de sus polainas: no existía en los archivos públicos el expediente de nacionalización de Baruch Ivcher. Conclusión: Ivcher no es peruano y entonces Canal 2 no puede ser dirigido por él.

Pero si el 13 de julio aparecía por primera vez la norma que lo despojaba de su nacionalidad y, más tarde, de su propiedad, el 11 de julio los hermanos Mendel y Samuel Winter, socios minoritarios de Canal 2, tenían ya listo un recurso legal por el cual reclamaban la administración de este medio televisivo. En el documento calificaban a Ivcher de "ciudadano israelí", "pseudo compatriota" y "totalitario". Más tarde cambiaron el tenor de su demanda, pero el objetivo siguió siendo el mismo: tomar el control de Canal 2, en contubernio con el gobierno, para silenciar la línea editorial que le permitió a este medio desempeñar un papel descollante en el periodismo de investigación. Dicho de otro modo, regresar a la mordaza.

Entre el 6 de abril y el 13 de julio de 1997, el programa "Contrapunto", de Canal 2, había transmitido el testimonio de la exagente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Leonor La Rosa, sobre las torturas a las que fue sometida por cuatro oficiales de su institución, quienes fueron procesados y condenados por la justicia militar; así como el asesinato brutal –su cuerpo fue descuartizado y hasta hoy no se conoce el paradero de sus manos ni de su cabeza– de Mariela Barreto, también del SIE, y los ingresos caudalosos ($700,000 dólares sólo en 1995) de Vladimiro Montesinos. Para obtener el testimonio de La Rosa, "Contrapunto" se las arregló para introducir una cámara en el Hospital Militar, donde ésta se recuperaba de las torturas.

Una semana después del 13 de julio, "Contrapunto" sacó a la luz el "Plan Emilio", un extenso operativo de espionaje telefónico desplegado en 1995 contra el embajador Javier Pérez de Cuéllar, exsecretario general de la ONU, y en ese año candidato rival de Fujimori a la presidencia.

Un mes y medio antes, el 23 de mayo, las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado en el que acusaban al "ciudadano nacionalizado peruano Baruch Ivcher..." de haber montado una campaña sistemática de desprestigio, "tergiversando situaciones", en contra de los institutos castrenses.

Los señores Winter, con prontitud marcial, hicieron pública una carta en la que daban cuenta de su reunión con los altos mandos militares, a quienes explicaron que nada tenían que ver con la política editorial de Canal 2, pues la misma era de exclusiva responsabilidad de Baruch Ivcher.

La revista Sí, otrora emblemática por su investigación del caso La Cantuta, pero que en 1997 mostró una mansedumbre incondicional hacia el poder militar, acusó a Ivcher de proveer armas a Ecuador. Para ello, publicó una serie de documentos supuestamente lo inculpaban. Periodistas de Canal 2 viajaron a Quito y entrevistaron a militares ecuatorianos, entre ellos al general Paco Moncayo, sobre los documentos mostrados. La respuesta fue una: son falsos. Sin embargo, en el extremo del acoso a la libertad de prensa que practica el régimen fujimorista, el oficialismo parlamentario aprobó una moción legislativa lamentando que "periodistas peruanos hayan entrevistado a militares ecuatorianos". Curiosamente, en 1996, el director de Sí entrevistó al general Moncayo en Quito. Más de 10 páginas de revista fueron el fruto de ese diálogo, pero entonces nadie se inquietó ni se rasgó las vestiduras nacionalistas.

Por último, el semanario Gente, por arte de birlibirloque, "descubrió" que en los archivos públicos no existía el expediente de naturalización de Ivcher. Solicitó al Ministerio del Interior una investigación, que se realizó con celeridad máxima, y que concluyó como la Resolución Directoral del 13 de julio.

El 19 de setiembre la sede de Canal 2 fue tomada por un juez provisional (Percy Escobar), con la ayuda de la fuerza pública, y entregada a los socios minoritarios. En sincronizado operativo de inteligencia, todos los teléfonos del canal así como los celulares de los periodistas quedaron desactivados desde las primeras horas de ese día. Más de 30 periodistas renunciaron esa mañana de vergüenza nacional. Y ese mismo juez fue quien desamparó a Ivcher de su derecho constitucional a la nacionalidad, sellando así uno de los más graves atropellos a la libertad de expresión en el hemisferio, tal y como han calificado este caso la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Relator para la Libertad de Expresión de la OEA, Dr. Santiago Cantón.

Sin embargo, la historia de intolerancia y avasallamiento de la libertad de prensa no acaba aquí.

José Arrieta, exjefe de la Unidad de Investigación, fue implicado infundadamente en una investigación sobre una supuesta falsa versión dada años atrás por una fuente de Inteligencia sobre un atentado terrorista. Arrieta vive hoy asilado en los Estados Unidos.

En 1998, Baruch Ivcher y varios de sus más importantes funcionarios de su empresa de colchones Productos Paraíso, fueron involucrados, sin pruebas reales, en una denuncia penal por evasión tributaria y defraudación de rentas de aduanas en la modalidad de sobrevaluación; es decir, por haber pagado más impuestos que los que debían pagar. El juicio oral se realizó en apenas una semana, incluyendo los días sábado y domingo, como nunca antes había conocido el Poder Judicial. Las condenas están escritas –entre 12 y ocho años de prisión, según pedido del fiscal– pero su lectura ha quedado reservada hasta que comparezcan, pues los funcionarios de Productos Paraíso, también tuvieron que marchar al exilio.

Por otra parte, desde 1997, Neomy Even, esposa de Ivcher, y Michal, su hija, iniciaron una batalla legal en la vía civil para que se les reconozca sus derechos en Canal 2. Un juez y vocales civiles les reconocieron a ambas tales derechos: de un lado, porque la mayoría de acciones (54 por ciento) forma parte de la sociedad conyugal y, de otro, porque Michal Ivcher es accionista de este medio desde 1994. Para evadir estas sentencias, la nueva administración de Canal 2 promovió una infundada denuncia penal sobre supuestas adulteraciones en el Libro de Registro de Acciones de esta empresa televisiva, hechas, según afirman, para otorgarles derechos que no les corresponden ni a la esposa ni a la hija. Ellas han sido declaradas reas contumaces, pues ante tan flagrante falta de garantías, tampoco han comparecido. En el colmo del exceso hostigador, se llegó a pedir su búsqueda y detención a Interpol. Coincidentemente, tienen en sus manos este proceso, el mismo juez suplente, Nicolás Trujillo, y la misma fiscal provisional, Hilda Valladares, que acusaron y sentenciaron a los funcionarios de Productos Paraíso. Y peor aún , hay acciones legales que han sido declaradas procedentes en contra de los magistrados civiles que fallaron a favor de la esposa e hija.

La persecución por las supuestas adulteraciones en el Libro de Acciones, alcanzó en junio de 1999 a Julio Sotelo, exgerente de Canal 2 y apoderado legal de Ivcher, quien fue detenido arbitrariamente pese a haber demostrado su inocencia en este caso. La orden de arresto en su contra fue dispuesta por no haber estado presente en la primera lectura de sentencia, aunque justificó plenamente su ausencia por motivos de salud. Dos semanas después recuperó su libertad gracias a una intensa campaña nacional e internacional. Por similares imputaciones, otro exgerente de Canal 2, Alberto Cabello, padece exilio.

Finalmente, como consagración de los atropellos contra la libertad de prensa y el Estado de Derecho, el gobierno ha dado el paso, otra vez bárbaro, de anunciar el retiro del Estado peruano de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué y para qué? Pues, entre otras razones, por una muy poderosa: el caso Ivcher-Canal 2 que llegó a fines de marzo de este año al tribunal interamericano luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA declarara, primero, su admisibilidad (marzo de 1998) y, luego, formulara al gobierno recomendaciones sobre el fondo del caso, todas incumplidas.

¿Es el caso Ivcher-Canal 2 un episodio aislado, tal y como quiere hacer creer el gobierno, dentro del panorama de la prensa peruana? De ninguna manera. Ha sido y es, más bien, un capítulo cuyo final aún no está escrito pero que, mientras tanto, ha servido para que el resto de la prensa audiovisual y parte de la escrita se contengan, autocensuren o amordazen de cara a la segunda reelección de Alberto Fujimori y del modelo autoritario de gobierno impuesto desde el golpe de abril de 1992.

De la prensa investigadora, independiente, con opinión crítica, sólo quedan escombros en la televisión. En los medios impresos aún quedan espacios que se resisten a desaparecer, pero están cada vez más estrangulados.