|
|
La
ira de un juez En cuestión de horas, el ministro de la Corte Suprema, Servando Jordán,
leyó “El libro negro de la justicia chilena” (de 349 páginas)
donde aparece mencionado. Ofendido, redactó un recurso, lo presentó
en la Corte de Apelaciones y ésta en tiempo récord, designó
un ministro que resolvió la incautación inmediata de la publicación.
“... y es por eso que yo –que no soy distinta ni mejor que muchos colegas
que enfrentan día a día a la espada Pocos días antes, Alejandra Matus había arribado
a Santiago desde Estados Unidos con el objeto de presentar su libro. El
evento se efectuó el martes 13 de abril en un céntrico hotel
capitalino, “El libro negro de la justicia “ iniciaba así, como
otros escasos libros de periodismo denuncia –tan necesarios
en Chile en las últimas décadas–, su tradicional camino hacia
el encuentro con sus lectores. Pero los acontecimientos
se desencadenaron a inusitada velocidad, a primera hora del
día siguiente los detectives llegaron a las oficinas de Editorial
Planeta Chilena con la misión de incautar los ejemplares publicados.
Un flaco favor El ministro Servando Jordán , expresidente de
la Corte Suprema y actual magistrado de ese mismo tribunal,
se sintió agraviado por la mención que de él se hacía en la
obra y recurrió al amparo de la Ley de Seguridad Interior del
Estado. Este documento legal establece como atentado contra
el orden público aquellas supuestas ofensas que se emitan sobre
altos funcionarios, magistrados, parlamentarios y jefes de las
fuerzas armadas. A renglón seguido, Rafael Huerta, ministro
de la Corte de Apelaciones de Santiago, instruyó proceso por
infracción al artículo 6(b) de la mencionada
ley. El lento accionar de los tribunales chilenos es
archiconocido, especialmente para quienes no cuentan con los
medios económicos suficientes para contratar un “buen abogado”.
Los juicios se acumulan y se archivan, los expedientes, con
suerte, en estanterías
o en los rincones van formando rumas, y mientras adquieren el
típico tinte amarillento, algunos también se extravían. Por eso, Carlos
Orellana, editor general de Planeta experimentó una sorpresa
mayúscula cuando su secretaria le informó que unos detectives
preguntaban por “el dueño” de la editorial. Su asombro nacía
de la inesperada rapidez de acción del tribunal. Podría decirse
que había reaccionado casi simultáneamente con la aparición
del libro. Tanto la autora como él estaban conscientes del
riesgo al cual se enfrentaban. “Procesos por abusos de publicidad,
por injurias, han habido miles en Chile, los periodistas están
acostumbrados”, afirma. Estos por lo general son lentos y su
destino suele ser incierto. En consecuencia suponían una demanda
en este tenor. De ahí que, su segunda sorpresa, en aquella mañana
del 14 de abril, se produjo al enterarse de que la querella
era por transgresión a la Ley de Seguridad Interior. “No es
lo mismo un simple proceso por abusos de publicidad, que un
proceso por infracción a la Ley de Seguridad Interior, eso fue
más de lo que esperábamos”, comenta. Sin aún reaccionar, procedió
a efectuar la entrega de los más de 1,000 ejemplares que formaban
toda la existencia. Orellana manifiesta que en estos momentos las
cosas están en compás de espera. El abogado Hernán Montealegre en representación de la casa editorial presentó un recurso de inaplicabilidad con el objeto de dejar sin
efecto la medida, apoyándose
en la contradicción existente entre la Ley de Seguridad del
Estado, promulgada en 1958 y
la Constitución de 1980. De acuerdo con
normas básicas del derecho, la Constitución deja sin
efecto lo que antes se haya podido establecer y sea contradictorio
con sus disposiciones. En suma, la medida tiene carácter inconstitucional.
Mientras tanto se están estudiando otras acciones relacionadas
con el proceso propiamente tal, ya que aunque quedara eventualmente
sin efecto la prohibición de circulación del libro, el proceso
continúa. En todo caso, para Orellana hay una decisión que es muy clara: no aceptará –y en
eso están de acuerdo con la autora– llegar a un arreglo que
signifique que ella tenga que pedir disculpas (como ha ocurrido
en otros casos). “Eso está fuera de discusión”, señala categórico. El editor considera que la decisión del ministro
Jordán fue una clara equivocación. “La situación que lo afecta
pudo ser conocida por tres o cuatro mil lectores, afirma, en
cambio hoy le conocen cientos de miles de personas. Se ha hecho
asimismo un flaco favor al ponerse en la mira de todo el mundo,
sabe que su nombre ha pasado a ser patrimonio nacional y todos
están atentos a saber qué va a pasar, además, con él.” Mientras los libros eran requisados, los medios
locales cubrían ampliamente el suceso. Los canales de televisión
llegaron hasta las bodegas de la editorial y grabaron el momento
en que los detectives retiraban los libros y en el aeropuerto
filmaban la partida de la autora. La emisora de radio Nuevo
Mundo puso en el aire durante varias semanas algunos párrafos
destacados de la obra; el vespertino La Hora publicó
algunos párrafos seleccionados antes de su confiscación, y el
diario La Tercera lo puso el texto del libro en Internet. Amplia
ha sido también la resonancia que ha tenido el caso en el extranjero.
Recibió una destacada cobertura de CNN; mientras diarios como
El País, de España, informaban
de los pormenores; la
organización Human Rights Watch (HRW) iniciaban una acción
de alerta, y las organizaciones internacionales de periodistas
repudiaban la medida. En consecuencia, Jordán le ha hecho también un
flaco favor al general
Augusto Pinochet, actualmente detenido en Inglaterra, quien,
hoy más que nunca, necesita que los jueces chilenos se muestren
con un rostro limpio, transparente y confiable, ejerciendo con nobleza
e independencia su función de administrar justicia. Poder corrupto En la portada de “El libro negro de la justicia
chilena” se destaca en su fondo negro, un dibujo que muestra
a aquellos conocidos monos: el que no ve, el que no oye
y el que no habla. Adentro, las 349 páginas se distribuyen en
seis capítulos, de los cuales el primero: “El poder degradado”,
ocupa un tercio del libro. “En él hay una visión panorámica
de latrocinios, complicidades y corrupciones varias.
Ahí aparece el señor Jordán , aunque no es el único, hay media docena
más de ministros, algunos de los cuales ahora están retirados”,
indica Orellana. Aunque más breves, otros dos capítulos también
impactantes son el cuarto, “Los ritos del poder”, en el que
se describen reacciones, emociones y actos reñidos con la ética,
de miembros del poder judicial durante el golpe militar y en
los años posteriores; y el siguiente: "Docudrama en cinco
actos”, en el cual se relatan casos relacionados con los Derechos
Humanos en ese mismo
período, y la actitud complaciente, temerosa y sumisa que tuvieron
los jueces. Se suma al texto un índice onomástico compuesto
por cerca de 500 nombres que se mencionan en la obra. Cerca de seis años estuvo Alejandra Matus trabajando
en el libro. Con acuciosidad fue reuniendo paso a paso el material
que le permitiría elaborar un complejo
y valiente trabajo de periodismo investigativo. La cobertura,
durante varios años, de “tribunales” le había permitido ir adentrándose
en una chocante realidad que se hacía indispensable denunciar. A medida que se avanza en su lectura surge un
convencimiento, la necesidad imperiosa de que se produzca un
cambio profundo, radical, en el sistema judicial chileno, porque
hasta ahora la corrupción escurre por todos sus ángulos.
La autora explica que en los últimos años se perciben
“signos de la recuperación que se avizora, que viene lenta pero
que ya está en marcha”. Aunque advierte “que todavía queda bastante
bajo la alfombra”. Ventana a la expresión libre No es nuevo para los periodistas chilenos el riesgo
que corren en sus aspiraciones por rescatar la verdad y ofrecerla
sin tapujos a la opinión pública. La sensación de precario equilibrio
en la cuerda floja es una constante histórica que se acentuó
a partir del golpe militar. La persecución y la censura generaron
la autocensura que se abrió paso rauda en aquella época. El retorno a la democracia
no ha alivianado la mano autoritaria, mientras los profesionales
de la prensa se debaten encajonados
entre la Ley de Seguridad del Estado, la Ley de Abusos de Publicidad, las prohibiciones de informar, la inexistencia de la protección
del secreto de la fuente, etc. Es esta
situación, que genera un ambiente cargado, carente de transparencia
y propicio a la corrupción, la que buscan revertir publicaciones
como “El libro negro de la justicia chilena”. Lograrlo contribuiría
a recuperar la salud de la sociedad chilena, tan aniquilada
en las tres últimas décadas en términos de convivencia y respeto
por los Derechos Humanos. De ahí la importancia de abrir un espacio nacional
para que los jóvenes periodistas, que buscan desatarse de los
lazos de la autocensura y la mordaza, tengan en el futuro la
posibilidad de expresarse libremente. Al respecto, Carlos Orellana
afirma: “Nos gustaría que se mantuviera y desarrollara un trabajo
en esa línea. Sobre todo porque los actuales medios de comunicación
escrita, diarios, revistas, no ofrecen a los periodistas muchas
posibilidades de una expresión abierta, diferente, disidente.
Lo ideal sería que los libros pudieran abrir esa ventana a la
información en forma más libre. Con este caso, añade, se ponen
de relieve las posibilidades para los periodistas jóvenes dispuestos
a hacer cosas parecidas. Uno de repente encuentra que los periodistas
están como achatados, como que no sacan la voz o no van más
allá de recoger las opiniones de las autoridades y reproducirlas. Desde ese
punto de vista siento que esta experiencia puede ser útil, una
apertura a otras cosas, me gustaría que lo fuera”. Coincidente se manifiesta la autora, cuando en
la carta enviada a los periodistas locales, señala: “la decisión
de incautar el libro ha destapado otros debates pendientes,
lo ha convertido en bandera de la libertad de expresión.Y no
puedo entristecerme por ello. Menos aún, si creo como creo,
que ganaremos y que dentro de poco los periodistas tendrán una
limitación menos para ejercer su función”. (23 de mayo de 1999) |
CENTRO
INTERNACIONAL DE PRENSA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA FLORIDA, MIAMI - 2000