Actos contra periodistas en México
Por Omar Raúl Martínez

Pocos dudan que en los últimos 10 años se ha ensanchado el ejercicio crítico de las libertades de expresión e información en México. Particularmente en los medios de prensa gráfica, con menos asiduidad en la radio y en contadas ocasiones en la televisión, hoy día se difunden trabajos periodísticos que apenas una década atrás era imposible  –por no decir ilusorio–  que ganaran el mínimo espacio.

El panorama de agresiones contra la prensa se ha ensombrecido durante los primeros cuatro años del gobierno de Ernesto Zedillo.

Se tienen medios menos dependientes y más incisivos frente a los poderes porque la sociedad ha ganado cauces hacia la democracia.  Sin embargo, en ese camino, paradójicamente, los periodistas han tendido a convertirse en blancos de quienes son objeto de opiniones, críticas o informaciones desfavorables.

El panorama se ha ensombrecido en la última década y particularmente a lo largo de los primeros cuatro años del gobierno encabezado por Ernesto Zedillo. Si durante la administración de Carlos Salinas se consignaron 520 incidentes en contra del oficio informativo, tan sólo en los primeros cuatro años del actual régimen se registraron 629 casos.

La brega por la apertura informativa de los medios, pues, no ha resultado nada sencilla.

Lo más preocupante del problema es que, de acuerdo con estudios hemerográficos y documentales realizados por la Fundación Manuel Buendía (FMB) y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), cerca del 33 por ciento de tales hechos han sido  perpetrados por fuerzas del orden público, seguidas de representantes gubernamentales, con 17 por ciento del total en esos cuatro años.  En otras palabras: quienes con mayor recurrencia obstruyen o inhiben el trabajo periodístico en la República Mexicana, son policías, militares, granaderos, elementos de seguridad, agentes, entre muchos otros con tareas similares, así como funcionarios o empleados menores adscritos a dependencias de los gobiernos federal y estatales. 

Todo ello significa que alrededor de la mitad de los incidentes atentatorios de las libertades de expresión e información son realizados por el poder público mexicano. 

¿El escenario de apertura, crítica, denuncia y debate en los medios de comunicación ha generado que los poderes ejerzan presiones para establecer controles, o el hartazgo de estos es  lo que pese a todo  ha estimulado un periodismo más revelador, inquisitivo y cuestionador?

Panorama general

De los 629 incidentes consignados entre fines de 1994 y 1998, se advierte que el propósito evidente ha sido coartar o inhibir el libre rastreo y procesamiento  de la información, pues el 43 por ciento de los afectados en ese período han sido reporteros, fotógrafos noticiosos y corresponsales, centralmente de las fuentes política, policiaca y de interés general,  por lo común al momento de intentar cumplir con su labor profesional.  Los actos que más predominan son las agresiones físicas (31 por ciento), seguidas de las amenazas e intimidaciones públicas o veladas (20 por ciento). 

En tercer sitio  aparece una práctica que se ha venido haciendo recurrente en México y que en rigor estricto no constituye una agresión, sino en todo caso un acto que pudiese significar inhibición al ejercicio periodístico: las demandas, con un 12 por ciento en el lapso indicado.  Y es que su recurrencia abre dos vías de interpretación: que cada vez más se apela a las leyes para confrontar la irresponsabilidad o ilegalidad de informadores y medios; o que aumentan las presiones –disfrazadas de medidas legales–  para inhibir el ejercicio crítico del periodismo.

En ese mismo sentido, vale la pena distinguir entre lo que son  agresiones públicas o embozadas, y lo que significan hechos que pueden significar inhibición o presiones tanto a medios como a periodistas.   Entre las primeras, podemos incluir, acoso u hostigamiento, agresión física, allanamiento, amenazas e intimidaciones, asesinato, atentado a la vida o al medio, censura, espionaje, intento de secuestro, obstaculización o bloqueo o veto informativo, secuestro, insultos. confiscación de equipo o de ejemplares y toma de medios

Conviene precisar que no es gratuita la expresión de agresiones públicas o embozadas, pues los estudios realizados por la FMB revelan que un considerable porcentaje de casos suelen ocurrir bajo el anonimato de los responsables. Es decir: no resulta infrecuente que algunos funcionarios o políticos o particulares, molestos o inquietos por informaciones o críticas u opiniones publicadas o por darse a conocer, actúen contra periodistas a través de mensajes inhibitorios de manera embozada  –o sea, sin dar la cara– para no comprometer su imagen pública o la de la institución que representan.

Ahora, en torno a los hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas y medios de comunicación, es preciso apuntar que, estrictamente hablando  como se dijo antes, no pueden considerarse “agresiones”.  Sin embargo, la experiencia indica que tanto la interpretación y aplicación de las leyes, como las relaciones prensa-Estado en México están influidas por la discrecionalidad y la parcialidad en momentos clave, lo cual posibilita cauces inhibitorios o de presión mediante argucias legales o de otra índole. Por tanto, aunque resulta complejo dilucidar a ciencia cierta cuando se trata realmente de atentados a las libertades de expresión e información, la referencia de tales hechos implica una insoslayable veta de análisis. Entre esos actos, encontramos: auto de formal prisión, cita a comparecer o revelar fuentes, demandas (por difamación, injuria, calumnia, etcétera), despido, detención por parte de autoridades, orden de aprehensión, renuncia inducida, robo, suspensión, cateo, auditoría fiscal, bloqueo publicitario, cancelación de un programa o de una concesión, cierre temporal o clausura de una emisora y embargo.

Considerando estos parámetros, por lo menos durante 1997 y 1998, del total de actos, el 68 por ciento fueron agresiones públicas o embozadas (60 por ciento contra periodistas y 8 por ciento contra medios) y casi 32 por ciento lo representaron hechos que pueden significar inhibición o presiones (28 por ciento a periodistas, fundamentalmente por las citadas demandas, y 4 por ciento a medios).

La ambigüedad e interpretación sesgada o arbitraria del marco legal, como decíamos, permite acciones que tienden al control  gubernamental. Por ejemplo, si bien es cierto que la Constitución General de la República dice que es inviolable la libertad de escribir y publicar, y establece como límites a esa libertad el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública, no ofrece elementos de acepción unívoca para definir cada uno de estos conceptos. Tal vacío jurídico ha orillado a introducir nociones autoritarias, que a fin de cuentas redundan en autocensura.  Así ocurre en el caso de la Ley Federal de Radio y Televisión, que en su artículo 97 señala: “El concesionario  o permisionario está obligado a atender las observaciones que por escrito le haga la Secretaría de Gobernación, si a su juicio de esta las transmisiones no se ajustasen a la presente Ley y su reglamento”.  Ello, por supuesto, permite elementos subjetivos de interpretación, lo cual coloca en la indefensión a los empresarios de los medios electrónicos, pues en cualquier momento puede verse en peligro la vigencia de sus concesiones.  Por ello también se explica la relación de conveniencias mutuas entre gobierno y medios, y por ende asimismo se hace necesaria una reforma legal en ese terreno.

Lista negra y otras suspicacias

Las cifras de periodistas asesinados por lo general constituyen un termómetro de los riesgos que se corren o a las condiciones en que se ejerce el periodismo. Sólo para contextualizar recordemos datos de años anteriores. De acuerdo con un estudio realizado por la organización Artículo 19, en el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) hubo seis profesionales de la información ultimados, durante la administración lopezportillista (1976-1982) la cifra ascendió a 12; a lo largo del sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) 33 informadores resultaron asesinados, y de acuerdo con los rastreos hemerográficos y documentales de la FMB, en el régimen de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) cayeron 46 profesionales de la tecla informativa (nueve por motivos ajenos al oficio profesional).  En tanto que durante el mandato de Ernesto Zedillo se han registrado 40 homicidios  (aunque 17 por motivos evidentemente extraperiodísticos).  Tales muertes, por lo común, nunca son suficiente y profundamente investigadas  por las autoridades, por lo que en muchos casos se desconocen los móviles o estos se definen a partir de especulaciones periodísticas.

En consecuencia, si en casos de asesinatos a periodistas las pesquisas judiciales marchan lentamente o con graves deficiencias o resultan ineficaces, ¿qué se puede esperar de asuntos “menores” como amenazas, golpes embozados, atentados u otros?  Lo cierto es que la mayor parte de los incidentes sufridos por informadores no se denuncian frente a los tribunales judiciales precisamente por la falta de credibilidad en las autoridades dedicadas a resguardar el orden e impartir justicia. 

Tal circunstancia, lamentablemente, no genera sino el regodeo de la impunidad. Porque el quehacer de los organismos de derechos humanos, si bien loable, se ve limitado en sus efectos jurídicos y penales. Así, por ejemplo, desde su creación en 1991, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 33 “recomendaciones” a 17 gobernadores de los estados de la República para que pongan su empeño en las pesquisas y el esclarecimiento de casos de analistas e informadores y se aplique la justicia. El número de actos contra la libertad de expresión resulta tan preocupante que incluso la CNDH creó en mayo de  1997 una comisión especial  para dar seguimiento a tales casos: el Programa de Agravios a Periodistas.  Pero del total de incidentes ocurridos durante el primer cuatrienio del régimen actual (629), tan solo han existido 15 “recomendaciones” en el mismo período debido, entre otras razones, a falta de denuncias formales,  carencia de pruebas  o ineficaz seguimiento judicial. 

Es por esa razón que en los últimos dos años han surgido en México iniciativas en defensa del quehacer periodístico honesto y responsable. Así, en diciembre de 1997 se estableció la Red Mexicana de Protección a Periodistas  –constituida por la Fundación Manuel Buendía, el Centro Nacional de Comunicación Social, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), la Fraternidad de Reporteros de México, entre otros organismos– con el afán de investigar, consignar, analizar, asesorar y capacitar en los casos de actos contra las libertades de expresión e información. Con propósitos similares, y acaso complementarios, han nacido recientemente la Sociedad de Periodistas, representada por conocidos profesionales de la información de distintos estados del país, y el Programa de Protección a periodistas de la AMDH.

Focos rojos

Un punto de análisis en el que coinciden las referidas entidades germinadas por iniciativa del gremio periodístico y de organismos de derechos humanos, se refiere al dato que señala a las fuerzas del orden y a instituciones de gobierno  como recurrentes responsables de obstaculizar o inhibir el ejercicio periodístico, aunque sin olvidar las agresiones o amenazas de ciertas figuras públicas, o por parte de grupos de narcotraficantes cuyo acecho se ha visto intensificado en los últimos dos o tres años.

El 33 por ciento que engloba a los presuntos o públicos responsables contra periodistas y medios entre 1999 y 1998, como decíamos, lo constituyen personajes como los distintos tipos de policías (de vialidad, federales, de caminos, judiciales, fiscales, estatales, municipales, antimotines), así como militares, granaderos, comandantes de la Procuraduría General de la República, y guardaespaldas de figuras públicas. Por lo general tales casos ocurren cuando se va en busca de la información, como cuando en diciembre pasado Jesús Alberto Hernández, reportero de Reforma, fue insultado y violentamente subido en una patrulla durante 30 minutos, por haber anotado las placas del policía al momento de aceptar un soborno.

Instituciones y funcionarios de gobierno ocupan el segundo y nada honorable segundo lugar con un 17 por ciento del total sumado en los primeros cuatro años de Ernesto Zedillo, y lo ejemplifican hechos como cuando Nancy Azpilcueta, directora de El Demócrata de San Pedro de las Colonias, Coahuila, fue agredida y amenazada por el coordinador de Comunicación Social del Ayuntamiento, después de publicar fotografías donde se veían integrantes del Cabildo y trabajadores del Municipio en una convención del partido Oficial (PRI), en horarios de oficina. O cuando la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal citó a 13 reporteros a “rendir su declaración” sobre la denuncia de la existencia de un grupo corrupto al interior de la Secretaría de Seguridad Pública, tema del que habían escrito anteriormente.

A los primeros dos tipos de responsables, le siguen desconocidos (12 por ciento), particulares (ocho por ciento) y otros (cinco por ciento), y con porcentajes menores al cuatro por ciento aparecen partidos políticos, narcotraficantes, grupos sociales, exfuncionarios de gobierno, instituciones educativas, etcétera.

Un grupo de agresores cuyo acoso ha sido mayor y persistente en contra de algunos periodistas lo constituyen los narcotraficantes.  De hecho, en julio de 1997 fue asesinado Benjamín Flores, director de La Prensa, de San Luis Río Colorado, Sonora, por sus presuntas denuncias contra los capos de la región. Casi cuatro meses después, a fines de noviembre, por los mismos motivos, Jesús Blancornelas, director del semanario Zeta, de Tijuana Baja California, fue objeto de un atentado contra su vida, en el que resultó muerto su guardia personal.  Y a principios de mayo de este año, Jesús Barraza, director del semanario Pulso, de San Luis Río Colorado, fue amenazado de muerte por el narcotraficante Albino Quintero y un mes después su guardaespaldas –que le habían asignado para su protección las autoridades del estado de Sonora– sufrió agresiones por parte de miembros de la Policía Judicial Federal por haber denunciado Barraza presuntas vinculaciones de judiciales con bandas del crimen organizado.

En fin, el tipo de agresiones son tan variopintas como tantos agresores existen en contra del ejercicio informativo.  Pero en rigor estricto, tales hechos no sólo significan  actos que menoscaban las libertades de expresión e información, sino que también –en la medida de que los beneficiarios de estas lo constituyen los ciudadanos todos– representan un agravio a la sociedad.

A fin de cuentas, la libertad de expresión no únicamente es de quien la ejerce con eficacia y responsabilidad, sino también de quien la defiende a tecla y pesquisa. Porque al hacerlo de igual manera le brinda un servicio la sociedad.

Omar Raúl Martínez es director de la Revista Mexicana de Comunicación, que edita la Fundación Manuel Buendía.

(27 de agosto de 1999)