Entrevista con Miguel Acosta, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos

Por Pedro Enrique Armendares

Hace algunos días el Centro Nacional de Comunicación Social de México (CENCOS) denunció que el exdirector del diario El Independiente de Hermosillo, José Luis Hernández Salas, fue amenazado de muerte por el gobernador del estado de Sonora, Armando López Nogales. El propósito del funcionario, de acuerdo a CENCOS, sería tomar el control del diario para "ponerlo al servicio de la campaña presidencial" del candidato del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Labastida.

La denuncia de CENCOS, la cual añade que el periodista presuntamente amenazado huyó a los Estados Unidos junto con su familia, recuerda una época no tan lejana –y que muchos creían terminada– de censuras, agresiones y amenazas de las autoridades contra los periodistas. Y no es que practicar el periodismo en México haya dejado de ser una profesión riesgosa, sino que según los analistas en años recientes el principal peligro no han sido tanto los políticos o funcionarios irritados por las denuncias como las acciones de poderes no tradicionales y casi siempre impunes, tales como los narcotraficantes.

Fue el caso de Jesús Blancornelas, editor del semanario Zeta, de Tijuana, quien resultó gravemente herido en noviembre de 1997 durante un atentado al parecer cometido por matarifes del llamado cartel de Tijuana. Peor suerte corrió Benjamín Flores, director del diario La Prensa, de San Luis Río Colorado, Sonora, quien fue asesinado ese mismo año frente a su propia redacción. Los asesinos de Flores, quienes también han sido vinculados con el narcotráfico, huyeron a Estados Unidos ante la indiferencia de las autoridades mexicanas.

Los nuevos peligros que acechan a los colegas mexicanos están relacionados, irónicamente, con el avance del periodismo independiente y la disminución de las presiones tradicionales contra los periodistas. Si bien el gobierno sigue ejerciendo una influencia inapropiada sobre los medios, muchos diarios dependen cada vez más de la preferencia de los lectores y de los anunciantes y menos de los subsidios oficiales. La censura abierta, mientras tanto, se ha reducido hasta un nivel que asombra a los más escépticos.

Pero estos logros de ciertos sectores de la prensa mexicana, que incluyen un creciente número de investigaciones sobre temas como la corrupción pública y sus nexos con la delincuencia organizada, están provocando también la irritación de muchos poderosos que antes se creían, o sabían intocables.

Los mayores riesgos y amenazas actuales contra los periodistas mexicanos, advierte Marylene Smeets, del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), provienen "del narcotráfico y la corrupción". Y algo sumamente preocupante, agrega la coordinadora del programa para América del CPJ, es que los periodistas que cubren estos asuntos a menudo no cuentan con el amparo de las autoridades como lo ilustra "la hasta ahora inexplicada liberación del narcotraficante Jaime Gutiérrez González, quien ha sido acusado de ser autor intelectual del asesinato de Benjamín Flores".

Esa irresponsabilidad, según algunos críticos de las autoridades mexicanas, se reflejó también en el caso de Jesús Barraza, quien fuera cercano colaborador de Flores. Barraza continuó con las investigaciones y denuncias iniciadas por su jefe, primero desde La Prensa y después de otros medios, y ha sido amenazado de muerte en repetidas ocasiones. Por ello fue puesto bajo la protección de una escolta del gobierno estatal, que después trató de regatear e incluso retirarle esa protección provocando una decidida reacción de diversas organizaciones mexicanas e internacionales.

Una de las organizaciones que presionó con éxito para que se mantuviera la protección a Barraza fue la Sociedad de Periodistas, creada en 1998 a raíz del atentado contra Blancornelas. Fue fundada por reconocidos profesionales mexicanos como Rossana Fuentes-Berain y Jorge Zepeda, y su mandato es precisamente contribuir a que los periodistas en México puedan realizar su ejercicio profesional sin miedo a represalias. Este es uno de los aspectos en los que, según Smeets, la situación de los periodistas mexicanos está mejorando. Además de que hay más independencia para ellos, opina, "los periodistas han venido organizándose y defendiéndose en estructuras como la Sociedad de Periodistas, que ha juntado a periodistas de todo el espectro de la prensa mexicana alrededor del tema de la defensa de la libertad de prensa."

Pero también otros sectores de la sociedad mexicana se han interesado en la protección de la libertad de prensa y de los periodistas mismos, a quienes consideran actores indispensables en la incierta y aún completa transición a la democracia. Como señaló la Academia Mexicana de Derechos Humanos en la presentación de su Programa de Protección a los Periodistas, el ataque contra uno de ellos "es un ataque no solamente a todo el gremio, sino a toda la sociedad mexicana".

El Programa se inició en marzo de 1998, bajo la coordinación de Sergio Aguayo y el patrocinio de la Fundación McCormick, y con la premisa de que "la protección de los periodistas agredidos en el ejercicio de su labor se ha convertido en los últimos años en una necesidad estratégica para la consolidación de la democracia en nuestro país".

La libertad de expresión en México, señala el documento de la Academia, es "asediada por fuerzas ligadas al narcotráfico, eventualmente asociadas con cuerpos policiacos que incurren en actos delicitivos y a fuerzas políticas o sociales que acuden al expediente judicial para acallar a periodistas". La Academia reconoce que la libertad de expresión se ejerce actualmente "como no se había hecho anteriormente en el país", pero persiste "una penumbra" en la que ejercer esa libertad puede resultar peligroso, "en particular en el interior del país".

Es claro que se ha progresado mucho en las últimas tres décadas y se pueden decir cosas que antes era imposible publicar, señala en entrevista Miguel Acosta, "pero aún existe la autocensura y hay grandes presiones de fuerzas no gubernamentales en contra de la libertad de expresión". El actual coordinador del Programa de Protección a Periodistas es un sociólogo de formación quien ha estado ligado al periodismo de distintas maneras, incluyendo el análisis de contenido de medios extranjeros y el seguimiento de la cobertura electoral por parte de los medios mexicanos.

El objetivo fundamental del Programa, señala, es establecer una instancia para contribuir a proteger la libertad de expresión y el derecho a la información en México. La Academia colabora con otras organizaciones como la propia Sociedad de Periodistas, CENCOS y la Fundación Manuel Buendía, con las que ha integrado la Red de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación.

Como parte de sus actividades específicas, el programa de protección de la Academia identifica e investiga casos importantes y representativos de agresiones a periodistas o a la libertad de expresión, con la intención de que la protección a la labor de algunos periodistas específicos "ejerza un efecto multiplicador".

Los "casos relevantes" documentados por Acosta en 1999 incluyeron el homicidio de Benjamín Flores y las agresiones y hostigamiento contra Jesús Barraza, quien ahora dirige el semanario Pulso de San Luis Río Colorado; así como las amenazas de muerte contra Sergio Haro Cordero, director del semanario Siete días de Mexicali, Baja California. Esos tres casos, apunta Acosta, están relacionados con el narcotráfico.

Los otros dos casos específicos seleccionados por Acosta son de orden más político. Uno es el de Verónica Danell, corresponsal en el estado de Tabasco del noticiero radiofónico Para Empezar, y quien tuvo que salir de la entidad en agosto de 1988 tras ser hostigada por el personal de seguridad del gobernador Roberto Madrazo. Éste, según explicó Acosta, no gustó de la "visión objetiva" que dio la reportera sobre los enfrentamientos entre el mandatario y el opositor Partido de la Revolución Democrática.

El quinto "caso relevante" de 1999 fue el de Carlos Menéndez, director del Diario de Yucatán, demandado judicialmente por un candidato de un partido minoritario quien se dijo perjudicado políticamente por la información electoral publicada en ese medio.

El Programa de la Academia, señaló Acosta, cuenta además con una Comisión de Protección a Periodistas integrada por "periodistas destacados y comprometidos con un periodismo objetivo y con la libertad de expresión, y por miembros de la Academia interesados en el tema". Esa Comisión, encargada de aprobar los casos propuestos por Acosta, incluye al periodista y académico Sergio Aguayo; al presidente de CENCOS, José Alvarez Icaza; al director del diario El Imparcial, de Hermosillo, José Santiago Healy; al abogado y actual candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de la ciudad de México, Santiago Creel, y al ex presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ex Procurador General de Justicia, Jorge Carpizo, entre otros.

¿Complicidad por omisión?

Acosta coincide con otros observadores en que hoy en día las principales amenazas contra los periodistas mexicanos por lo general ya no provienen directamente del Estado o de los distintos niveles de gobierno, sino de fuerzas vinculadas a la delincuencia organizada.

Pero ello es posible, insiste, "porque el Estado que debería proteger a los periodistas hace caso omiso de las amenazas", como ocurrió en el caso de Jesús Barraza. Cuando el periodista  "recibió amenazas de muerte directas de un narcotraficante", recordó Acosta, el Estado responsable de protegerlo argumentó que no tenía recursos humanos o financieros para hacerlo. Más aún, en ocasiones ocurre también que fuerzas policiacas "aliadas o penetradas por el narcotráfico" sean las que amenazan directamente a los periodistas. Así, puede ocurrir que los periodistas que cubren el narcotráfico, una vez amenazados, "lo piensen dos veces" antes de volver a tocar el tema.

Aún sin llegar a las amenazas, continúa Acosta, otra "vertiente" para intimidar a los periodistas es el uso de demandas judiciales –por difamación, por ejemplo– con el propósito de enredarlos en interminables procedimientos legales y desalentar su trabajo. Por lo general son actores privados los que recurren a este tipo de mecanismos, señala, pero las autoridades también resultan involucradas porque están obligadas a cumplir la ley.

Así las cosas, Acosta considera que es necesario que los periodistas se sigan organizando para defender sus derechos. Actualmente hay varias organizaciones de protección a los periodistas, recuerda, pero existe un problema de recursos económicos y la Academia es la única que tiene fondos para hacer estudios e investigaciones en este campo.

Pero en todo caso, ha habido avances; hace cinco o diez años el costo de asesinar a un periodista en México era casi nulo mientras que ahora, como lo señala la movilización en torno a Jesús Barraza, "ya no es tan fácil".

Sin embargo, continúa, es necesario que se siga desarrollando una cultura de lucha contra la impunidad y defensa de la libertad de expresión, lo que no resulta sencillo debido al escepticismo que sienten muchos colegas ante las autoridades. Pero "si como periodista no levantas una denuncia penal de lo que te ha sucedido nadie va a llegar a apoyarte", afirma Acosta. "El periodista tiene que adquirir la conciencia de que si sufre una agresión debe presentar la demanda correspondiente. Y en la medida en la que se documenten casos, estos se convierten en parque, en municiones para que los organismos interesados los puedan defender".

Por ejemplo, la difusión que se dio al caso Barraza generó el interés de diversas instancias en México y otros países; la Sociedad de Periodistas realizó una de sus primeras intervenciones; la Red de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y todas las organizaciones exigieron que se diera al periodista la protección necesaria. En ese caso la presión tuvo éxito, y Acosta reitera que es indispensable "documentar casos para que las organizaciones interesadas podamos hacer un manto para cubrir a los periodistas", manto que no tuvieron en su momento ni Jesús Blancornelas ni los numerosos periodistas que han sido asesinados en México.

"Es así como podemos contribuir a incrementar el costo político de atacar a un periodista", añadió Acosta. "Imaginemos a un actor menor de alguna ciudad perdida del país que quiera amenazar a un periodista, el cual empieza a recibir muestras de solidaridad de México y del extranjero. Eso le repercute al gobierno local, el cual deberá tener cierto cuidado de que no le creen problemas, que ese narcotraficante o esa persona no atente contra  la libertad de expresión".

A pregunta expresa, Acosta coincide en que se debe presionar a las autoridades para que se hagan responsable de la seguridad de los periodistas, no porque éstos sean más importantes que otras personas sino porque tienen el "papel social fundamental" de informar a la sociedad.

Otros flancos débiles

Acosta se refirió también a otros problemas que afectan al periodismo mexicano, tales como la falta de apoyo y protección a los reporteros por parte de sus jefes y de los propietarios de los medios, y la carencia de una cultura de libre acceso a la información.

"Ahí no se ha caminado mucho", observa Acosta al referirse a la actitud de numerosos empresarios del periodismo. Por una parte, está el trabajo "a destajo", por el cual un reportero tiene que cubrir una gran cantidad de notas diarias. "Eso refleja la situación de los medios; en este país siempre ha habido dueños ricos y periodistas pobres".

Por otro lado, "los periódicos han sido un medio de presión política". Muchos empresarios siguen operando con la vieja idea que puede expresarse como "tengo un periódico para que me pagues para que no te pegue", y mientras exista "esta visión el periodista queda desprotegido".

Acosta se refirió a algunos casos en los que el propio dueño de algún medio censura o incluso despide a sus periodistas porque no está comprometido con ellos "sino con el poder político que le da la posibilidad de tener un periódico que no vende, no circula", pero que le aporta ingresos provenientes del gobierno o de los empresarios. Los dueños de los periódicos, insiste, "tienen una gran responsabilidad".

Si bien Acosta considera que en México hay algunos medios que se han abierto notablemente y están contribuyendo a cear "una nueva dinámica en la información" –––por ejemplo Público, de Guadalajara; El Imparcial, de Hermosillo, y el Diario de Yucatan– también advirtió que "esa no es toda la historia". Frente a cada uno de ellos hay otros 20 "que son lo contrario. Hay muchos diarios que siguen pensando en el viejo régimen de partido único", y continúan en operación porque "hay dinero para esos diarios" aún cuando no tengan circulación.

El acceso a la información

Otro problema grave para los periodistas, señaló Acosta, es que en México el acceso a los documentos públicos no está legislado por lo que con frecuencia los reporteros recurren a las llamadas filtraciones o dependen de la buena voluntad de algún funcionario que les proporcione información. El derecho de petición que consagra la Constitución mexicana tampoco funciona, dijo Acosta, como lo demuestra el intento de la organización Alianza Cívica por utilizar esa garantía para conocer el salario real del presidente Ernesto Zedillo y otra información relacionada con el presupuesto federal. El mandatario tardó cerca de un año en responder, y lo hizo "cuando tuvo encima un juicio de amparo". Aún así su respuesta fue incompleta, ya que "el derecho de petición estipula que el funcionario debe responder en un plazo breve" pero si lo hace con un rotundo "no le digo" basta para dar por cumplida esa obligación.

Sin embargo, señaló Acosta para terminar con una nota optimista, por primera vez se está generando en México una "masa crítica" de personas interesadas en mejorar la capacidad para investigar y dar a conocer a la sociedad lo que está pasando, porque están surgiendo organizaciones civiles e individuos "que confluyen desde diferentes perspectivas para generar un periodismo más independiente". Eso "no lo tenía Scherer en 1976 cuando sale de Excelsior", dijo Acosta al referirse a una maniobra atribuida al entonces presidente Luis Echeverría para acabar con el periodismo crítico de Julio Scherer y sus colaboradores. "Era él solo contra el gobierno. Ahora estamos en una sociedad en la que muchos confluimos en un mismo interés, y ese movimiento puede contribuir a que el periodismo sea mejor y la libertad de expresión sea más efectiva".

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Pedro Enrique Armendares es director de Periodistas de Investigación (IRE-México). Fue reportero de asignaciones especiales del diario La Jornada, de la Ciudad de México.

(Enero 28, 2000)