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Cuando en abril de 1992 el presidente Fujimori dio el autogolpe, se inició un proceso de intervención y copamiento de las instituciones del Estado. Inicialmente, el sector más afectado fue el de Justicia. Entonces, se nombró una Comisión Ejecutiva del poder judicial (presidida por un alto oficial de la Marina de Guerra del Perú), y otra del Ministerio Público. Dichas comisiones subsisten en la actualidad y poseen amplias facultades que les permiten nombrar y destituir jueces y fiscales. Así, en los años siguientes, la sustitución de funcionarios de justicia independientes por otros nombrados provisionalmente, pagando favores y sometidos a la incondicionalidad gubernamental, terminaron con la independencia del poder judicial.
Este proceso, que entre 1995 y 1996 logró su consolidación, trajo como consecuencia la pérdida de credibilidad de la ciudadanía en la justicia. El sentimiento de inseguridad jurídica se generalizó en la población. La libertad con la que hasta entonces pudo desenvolverse medianamente la prensa, hizo que los periodistas pasaran a cumplir el papel fiscalizador que las instituciones del estado no cumplían y, a la vez, convertirse en los canalizadores de muchas de las quejas y denuncias de la ciudadanía. Sicológicamente se buscaba compensar la falta de justicia o la poca esperanza en ésta, con la denuncia. Adicionalmente, la corrupción y el accionar siniestro del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), –que incluyeron espionaje telefónico contra políticos y periodistas, atentados y asesinatos incluso dentro de las propias filas del SIN a aquellos agentes identificados como fuentes de la prensa–, fueron materia de documentadas investigaciones periodísticas que minaron las relaciones entre el gobierno y la prensa. En 1997, según informe del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), se llegó al peor momento de estas relaciones, siendo su expresión más saltante, el retiro de la nacionalidad del empresario Baruch Ivcher y el despojo del manejo de su canal de televisión poco después de destapar el escándalo del espionaje telefónico por parte del SIN. Entonces, corría julio de 1997. En abril de 1992, cuando el autogolpe, hubo un primer "campanazo" de alerta respecto de lo que ocurriría con la prensa independiente y los medios. El mismo día del golpe, todos los medios fueron ocupados por efectivos militares que controlaron las informaciones que aparecerían al día siguiente. El periodista Gustavo Gorriti, fue secuestrado en su domicilio por efectivos militares y trasladado a un cuartel militar, en el que permaneció en calidad de desaparecido al no reconocerse su captura. Fue gracias a la actuación enérgica y decidida de una embajada extranjera que Gorriti no pasó a engrosar la larga lista de detenidos desaparecidos en el Perú, y hoy reside en Panamá. Desde entonces, el gobierno empezó a tratar de presionar a los medios de comunicación a través de las empresas anunciantes con la amenaza de ser "visitados" por funcionarios de la temida Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Ya en 1997, la presión era más directa mediante comunicaciones del asesor presidencial Vladimiro Montesinos a los propietarios de medios, así como del asesor publicitario gubernamental, Daniel Borobio. Al respecto, el destacado periodista César Hildebrandt, en su programa político televisivo difundió grabaciones de ambos personajes dando la pauta de noticieros y programas políticos al propietario de uno de los más importantes canales de televisión. Si bien la televisión es un buen ejemplo de las presiones ejercidas por el gobierno hacia los medios (en octubre de 1998 habían cinco programas políticos; en septiembre de 1999 quedan dos, uno de los cuales es abiertamente progobiernista y otro cuyo contenido fue ostensiblemente transformado), la prensa escrita también ha sido víctima de esta campaña. La proliferación de diarios sensacionalistas se acrecentó en los últimos años. Existe un diario de circulación nacional claramente opositor: La República. El diario El Comercio (decano del periodismo en el Perú), ha mantenido una línea identificada por muchos como conservadora. Sin embargo, en los últimos años ha ido asumiendo una posición de independencia y distancia del gobierno, con la publicación de reveladores reportajes sobre corrupción en altas esferas gubernamentales y en las Fuerzas Armadas. Esto ha hecho que ambas publicaciones se conviertan en blanco de ataques de diversa índole por parte del gobierno. El Ministerio de la Presidencia está considerado por la Supervisión de Medios y Publicidad S.A.C., como el principal cliente publicitario de los medios. Recientemente la revista Caretas publicó un cuadro de dicha asociación en el que aparecía al estado como principal anunciador con 16 millones de dólares entre enero y mayo de 1999, seguido –en segundo lugar–, por una conocida empresa fabricante de cervezas, con seis millones. Parte de esa publicidad es la que sustenta en buena medida a la prensa sensacionalista que hoy ataca diariamente a políticos opositores y periodistas independientes. El 13 de octubre de 1997 el diario sensacionalista El Chino circuló acompañado de un suplemento de ocho páginas dedicado a difamar y atacar al periodista Manuel D´Ornellas. Este, recientemente fallecido en el exilio, era entonces uno de los editorialistas más respetados y críticos al régimen. En carátula y al lado de la foto del periodista, el suplemento anunciaba el lanzamiento de la serie "Los Camaleones de la Política". El contenido de los artículos contra D´Ornellas, evidenciaba la consulta de archivos sobre su trayectoria. Cabe destacar que los diarios sensacionalistas no cuentan con unidades de investigación ni archivos dada su aparición reciente. El 13 de diciembre de 1997 circuló una nueva edición del suplemento "Los Camaleones de la Política", el que bajo el titular de primera página: "(César) Hildebrandt, un chato mental" y "Cecilia (Valenzuela): una diabla", dedicó sus páginas a insultar e injuriar a ambos periodistas independientes que, entonces, contaban con programas políticos diarios en televisión. La información contenida, a pesar de burdas interpretaciones y mentiras, daba cuenta de antecedentes políticos dignos de un archivo de inteligencia y no periodístico. El 27 de marzo de 1998 apareció un nuevo suplemento, también de la serie "Los Camaleones de la Política" pero con el titular "Los Rabiosos de la Prensa Antiperuana: Angel Paez, Fernando Rospigliosi y José Arrieta, los tres mosqueteros de la antipatria". Paez es jefe de la unidad de investigación del diario La República, Rospigliosi columnista de la revista Caretas y Arrieta fue periodista de investigación del canal 2 hasta que se le retiró la nacionalidad a Baruch Ivcher. Arrieta, ante la inminencia de ser acusado judicialmente de haber fabricado el guión para un exagente del servicio de inteligencia que denunció acciones encubiertas de esa organización y recibir amenazas de muerte, debió salir del país a principios de 1998 y hoy tiene estatus de asilado político en los Estados Unidos. Otros suplementos fueron publicados en fecha posterior. Asimismo, diariamente se incluyeron en las páginas del diario El Chino y El Tío, artículos contra una larga lista de periodistas independientes como –además de los ya citados–, Gustavo Mohme, Luis Iberico, Baruch Ivcher, Edmundo Cruz, entre otros. Hasta el momento, se han publicado alrededor de 50 artículos contra Angel Paez, 86 contra Gustavo Mohme y 30 contra César Hildebrandt, por solo citar algunos casos. Entre los titulares de éstos figuran: "Gustavo Mohme, el diablo predicador: de comunista conspirador a falso demócrata"; Rospigliosi: "terrorista encubierto", "golpista por encargo", "rabona de ejércitos extranjeros"; "Judas Paez desacreditó al Perú en el mundo"; "Paez reconoció ser traidor", etc. Esta situación hizo que el IPYS organizara en junio de 1998 la visita de una comisión internacional integrada por representantes del Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York (CPJ), Reporteros Sin Fronteras (RSF), Freedom Forum y Periodistas de Argentina. Durante una larga audiencia de la delegación con el Presidente Fujimori, se le manifestó a éste la preocupación de la delegación por los ataques desde cierta prensa hacia periodistas independientes. El Presidente tomó nota. Tres días después de la entrevista cesaron las publicaciones, aunque algunos meses más tarde se reiniciaron, esta vez centrando los ataques fundamentalmente contra el director del diario La República y algunos de sus más destacados periodistas. La campaña permanente en el diario El Tío continuó hasta agosto de 1999. El 31 de mayo apareció en los puestos de venta de diarios de Lima una nueva publicación autodenominada Repúdica –en edición de 16 páginas a todo color–, sin dirección ni teléfono. Copiando logo y formato del diario La República, Repúdica incluyó entre sus titulares: "Páez y Cruz siguen engañando al pueblo, ¡falsificadores!"; "Mohme dirige campaña contra el Perú", e "Hildebrandt se jura paladín de la libertad de prensa". Según la investigación preliminar realizada por el diario La República, la casa editora de Repúdica es la misma de los diarios sensacionalistas Mañanero y Chuchi, ambos con presumible vinculación al Gobierno y los servicios de inteligencia. La República inició dos acciones, una ante el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), e interpuso una denuncia ante la Fiscalía de la Nación. Bajo diversas argucias, la empresa editora del pasquín se negó en junio de 1999 a responder a una resolución de INDECOPI que los obligaba a identificar a los responsables de dicha publicación. Por su parte, el fiscal a cargo de la denuncia decidió archivar la misma "por haber recurrido ya a INDECOPI", argumento que de acuerdo a juristas consultados no tiene validez alguna por tratarse de instancias y requerimientos de naturaleza distinta (uno sobre el derecho de propiedad intelectual y el otro de carácter penal). Entre el 26 de julio y 3 de setiembre de 1999, han circulado por lo menos nueve ediciones de un nuevo pasquín autodenominado Repudio, el que evitando imitar el formato de Repúdica para evitar problemas con INDECOPI, tiene similar contenido, tildando a los periodistas de investigación como traidores a la patria, "plumíferos amarillos" y "vulgares reptiles" o "connotados periodistas comunistas que buscan el descrédito de las Fuerzas Armadas, garantía del país ante cualquier agresión". Aunque figura con un precio nominal de venta, misteriosos y escurridizos personajes lo distribuyeron en diversos puntos de la ciudad de Lima gratuitamente. La gran pregunta es ¿quién financia esta costosa campaña y con qué objetivos? Diversos analistas opinan que la campaña tiene como objetivo restar credibilidad a los periodistas independientes que no apoyan al gobierno y que son contrarios a la pretensión re-reeleccionista del actual Presidente. En ese orden de ideas, la campaña contra la prensa sería parte de la estrategia electoral: por un lado controlar aquellos medios de comunicación que por razones políticas y, especialmente económicas debido a la crisis, deciden sumarse a la misma y no difundir informaciones contrarias al régimen y, por otro, cerrar las tribunas independientes y atacar, injuriar y difamar a aquellos pocos medios que se oponen al gobierno. En esa línea también se inscribirían las diarias declaraciones públicas de altos funcionarios gubernamentales contra el prestigioso diario El Comercio, cuyas informaciones se encargan de desmentir tratando infructuosamente de descalificar. Al contenido de los cientos de artículos y pasquines contra periodistas independientes en los últimos años, con lenguaje que para muchos observadores evidenciaría plumas castrenses, se sumó desde noviembre de 1998 la página web APRODEV (Asociación Pro Defensa de la Verdad), la que dirigida por un exmilitar argentino y hoy prófugo de la justicia de ese país, Héctor Faisal, cumple la misma función desde el ciberespacio. Faisal enfrenta actualmente dos procesos judiciales en el Perú iniciados en abril de 1999 por un grupo de periodistas injuriados. En el camino, las dos juezas que iniciaron la acción penal con particular independencia, fueron removidas de sus puestos al día siguiente de emitir la primera resolución. Asimismo, la solicitud de extradición del gobierno argentino contra Faisal, fue rechazada en tiempo récord y sin citar a las partes por un juez provisional –tras la rápida destitución del que recibió el expediente–, teniendo entre sus fundamentos que no existían evidencias de que Faisal se encontrara en el país. Ello a pesar de haber publicado éste cartas notariales firmadas como representante legal de APRODEV, tener domicilio y haberse probado en el proceso y públicamente, sus estrechos vínculos con la Fuerza Armada del Perú. Si bien existen muchos indicios que vinculan al gobierno y a los servicios de inteligencia con la campaña que existe hoy contra la prensa independiente en el Perú, una de las pistas más importantes fue proporcionada el 28 de mayo de 1998 por el diario La República: la publicación de un facsímil remitido desde la empresa de Augusto Bresani, asesor del Comandante del Ejército –según su propia declaración–, en el que Bresani de puño y letra señalaba los titulares del día siguiente del diario El Tío. Entre las frases contenidas en el artículo dirigido a El Tío y que fue textualmente reproducido, figuraba "el traidor –Paez– no logra saciar sus odios al gobierno del ingeniero Fujimori y a las Fuerzas Armadas, alentado por unos cuantos dólares no vacila un instante en inventar historias buscando el desequilibrio del país". Paez, prestigioso periodista de investigación, ha hecho varias revelaciones documentadas de negocios y corrupción al interior de las Fuerzas Armadas con la compra de armas y equipos. A las publicaciones mencionadas, que forman parte de una bien estructurada campaña contra la prensa, se suman las amenazas de muerte y las presiones que han hecho que muchos de los más destacados periodistas de oposición se encuentren sin empleo. El panorama en el contexto electoral no es alentador y diversos analistas señalan que la situación podría empeorar conforme se acerque la fecha de las elecciones generales fijadas para abril del 2000. La solidaridad y preocupación internacional son indispensables para salvaguardar la libertad de prensa en el Perú y la integridad física de los periodistas independientes que hoy se encuentran en la mira. (Jorge Salazar Cussiánovich, director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad.) (12 de septiembre de 1999) |
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