Desenmascarando los rostros de la censura
Por John Virtue

El mes pasado, Santiago A. Cantón, un abogado argentino de 36 años de edad, hizo su primer informe sobre Libertad de Expresión, como el primer relator de la Organización de Estados Americanos. En octubre de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano principal de la OEA, decidió crear la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, como un órgano de la Comisión con carácter permanente, independencia funcional y estructura operativa propia. Esta iniciativa de la Comisión encontró pleno respaldo durante la Segunda Cumbre de Jefes de Estados y Gobiernos de las Américas, que tuvo lugar en Santiago, de Chile a mediados de abril de 1998. A través de la Declaración de Santiago, y de su Plan de Acción, los dignatarios expresaron su voluntad de apoyar la creación de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Cantón asumió el puesto en noviembre pasado. Antes de su nombramiento, fue director de Información Publica de la OEA. Entre 1994 y 1998 fue director para América Latina y el Caribe del National Institute for International Affairs en Washington.

Pulso del Periodismo: ¿En qué se diferencian las amenazas actuales contra la libertad de prensa en América Latina de las de hace 25 años?

Santiago Cantón: Desde mi punto de vista, la principal diferencia entre las amenazas a la libertad de expresión que ocurren hoy en día, y aquellas que sucedían en décadas pasadas, está dada básicamente por los diferentes escenarios políticos en donde se desarrollan estas amenazas.

Hace dos décadas muchos estados del hemisferio tenían gobiernos dictatoriales, los cuales por sí son una negación de la libertad de expresión e inhiben el desarrollo de ésta. Hoy en día, con gobiernos elegidos democráticamente en todo el continente –con la única excepción de Cuba– existe un terreno más fértil para el desarrollo y protección de la libertad de expresión.

P.: Algunos editores de periódicos latinoamericanos afirman que el enemigo número uno de la libertad de prensa en América Latina ya no son los dictadores, sino los políticos. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?

S.C: No es posible generalizar y decir que los políticos son el enemigo número uno de la libertad de expresión. El enemigo número uno de la libertad de prensa es el autoritarismo que, a pesar del retorno de la democracia, continúa existiendo en algunos países de la región.

P.: Usted ha dicho que los principales problemas que enfrenta la prensa son las amenazas institucionales y no institucionales. ¿Puede decirnos a qué se refiere en cada caso?

S.C.: La Relatoría esta preocupada por cualquier tipo de problema que dañe a la libertad de expresión, desde los asesinatos y las amenazas a los periodistas, hasta aquellos casos en los que se utilizan otras formas que también constituyen un grave atentado contra la libertad de expresión, como son las leyes restrictivas o las sentencias de tribunales de justicia.

P.: Durante los últimos años se han reportado varias demandas judiciales contra periodistas, ¿considera usted que esto representa una nueva táctica para inhibir y controlar a la prensa?

S.C.: Las demandas judiciales contra periodistas es una herramienta frecuentemente utilizada hoy en día por funcionarios públicos, con el objetivo de acallar las críticas en su contra. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró un estudio sobre las llamadas “leyes de desacato” y concluyó que estas eran incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y restringían el debate, fundamental en toda sociedad democrática.

P.: Teniendo en cuenta la debilidad del poder legislativo y del poder judicial en muchos países, ¿tiene la prensa en América Latina un papel aún más importante como vigilante de las democracias latinoamericanas, que el que les corresponde a los medios de prensa de los Estados Unidos, Canadá o Europa Occidental?

S.C.: No quisiera hacer una comparación entre el papel de la prensa latinoamericana y la prensa de los Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental como vigilantes de las democracias. Para desarrollar un análisis serio y completo sobre el particular deberíamos tomar en cuenta muchos elementos y circunstancias históricas.

En lo que se refiere a las democracias latinoamericanas, en muchas de estas existe hoy en día una debilidad en sus instituciones públicas encargadas del control de las autoridades y de los ciudadanos. Por ejemplo, el poder judicial en muchos casos es ineficiente a la hora de investigar los hechos que llegan a su conocimiento y sancionar a los responsables. Por otra parte, la corrupción y el narcotráfico han erosionado en numerosos casos las instituciones públicas. Precisamente en esas circunstancias la prensa se ha transformado en el principal instrumento de vigilancia y control de las autoridades y de los ciudadanos, trayendo al debate público aquellos hechos ilegales o abusivos que han evadido los mecanismos de control propios de un estado de derecho, o han encontrado en éstos un aliado o cómplice. Es dentro de este contexto que en muchas ocasiones la prensa se ha transformado en el instrumento más efectivo de control y freno a aquellos actos ilegales o abusivos cometidos por las autoridades o particulares en democracia.

P.: ¿Tiene la prensa latinoamericana la independencia, el profesionalismo y los recursos financieros necesarios para llevar a cabo su papel de defensora de los derechos del público?

S.C.: No es posible hacer una generalización sobre este tema, ya que las circunstancias varían de país en país. En algunos países existe un gran profesionalismo e independencia, mientras que en otros el control de la prensa por parte del Estado es casi absoluto. Tengamos presente que este es un hemisferio en donde existen democracias fuertemente consolidadas por el paso de varias décadas –como las de Costa Rica y Estados Unidos–; mientras que en el otro extremo hay un país como Cuba donde no existe democracia, y, por lo tanto, no existe libertad de expresión.

P.:  En Brasil y Panamá todavía existen en los libros leyes de prensa restrictivas establecidas por gobiernos dictatoriales. En el resto de los países latinoamericanos hay leyes de prensa. Sin embargo, las organizaciones periodísticas afirman que la mejor ley de prensa es la que no existe. ¿Está usted de acuerdo con esa idea?

S.C.: No solamente en Brasil y en Panamá existen leyes que restringen la libertad de expresión. En muchos otros países también hay este tipo de leyes, dictadas durante gobiernos dictatoriales o autoritarios, y que se utilizan frecuentemente hoy en día. Por ejemplo, en Chile, leyes de la época del General Pinochet están siendo frecuentemente utilizadas e invocadas por el poder judicial. En la actualidad, en 17 países del hemisferio existen leyes de desacato.

En cuanto a si la “mejor ley de prensa” es la que no existe, no quisiera generalizar al respecto. Yo soy partidario de que debe existir la menor regulación posible que signifique un menoscabo o restricción a la libertad de expresión, pero en determinados casos se necesita una ley que regule la libertad de expresión, para hacerla acorde con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esta afirmación mía puede dar lugar a un amplio análisis, pero le quisiera poner un ejemplo. Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Esto comprende la libertad de buscar, recibir, y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.  Pero la misma Convención señala que estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia en contra de personas o grupos. Asimismo, la Convención señala, que los espectáculos públicos pueden ser sometidos por ley a censura previa, con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos, para la protección de los menores. En las circunstancias señaladas anteriormente, se hace necesario que en los países exista una ley especial que regule la libertad de expresión en los aspectos señalados, para que esté acorde con los instrumentos internacionales de derechos humanos.

P.: En América Latina ha sido una práctica común de los gobiernos y del sector privado sobornar a los periodistas para recibir a cambio una cobertura favorable o para suprimir una cobertura desfavorable. ¿Cuán serio es este problema hoy?

S.C.: Efectivamente, en algunos países del hemisferio existe esa práctica. En cuanto a la magnitud global del problema, hasta ahora no existe un estudio al respecto, pero todo hecho que signifique el soborno de un periodista para tergiversar una información, representa un hecho grave toda vez que lo que se busca es desinformar y confundir a la sociedad para que no pueda percibir una realidad y formarse su propio juicio.

P.: ¿Qué tipo de medidas punitivas puede tomar la Organización de Estados Americanos contra los violadores de la libertad de prensa?

S.C.: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano principal de la Organización de Estados Americanos, es la encargada de velar por la promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio. Es precisamente ésta quien puede conocer de aquellos casos en donde los estados del hemisferio, ya sea por acción u omisión, han cometido violaciones a la libertad de expresión.

Una vez que la Comisión conoce de un caso, emite un informe en el cual hace un análisis de las circunstancias de hecho y derecho de éste, y formula recomendaciones al estado en particular. Sesenta días después de la remisión del informe al Estado, la Comisión evalúa si el Estado cumplió con las recomendaciones formuladas. Entonces se puede tomar dos decisiones: publicar un informe o enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión recientemente le envió a la Corte dos casos sobre libertad de expresión: uno contra el estado peruano, y otro contra el estado chileno. Dentro de este contexto, la Relatoría puede utilizar todos los mecanismos a disposición de la Comisión, como también  nuevos procedimientos que la Comisión crea conveniente para garantizar una mejor protección de este derecho.

P.: La unión de varios medios de prensa bajo un mismo propietario –como está ocurriendo en Colombia, por ejemplo–, ¿representa un peligro para la libertad de expresión?

S.C.: Indudablemente, el monopolio de los medios de comunicación afecta la libertad de expresión. Este es uno de los temas que la Relatoría podría considerar en futuros informes.

P.: ¿Cuál cree usted que sea la influencia de Internet en las organizaciones de prensa ya establecidas?

S.C.: Creo que Internet desempeña un papel fundamental en el mundo de las comunicaciones. En lo que respecta a las organizaciones de prensa, la Internet hace posible que el flujo de información periodística que estas producen llegue a un mayor número de personas, y a su vez permite que los medios de prensa se informen con más rapidez de lo que esta sucediendo en otras partes del mundo.

P.: Finalmente, ¿cuál es la amenaza más fuerte contra la libertad de prensa en nuestro hemisferio?

S.C.: Entre las principales amenazas para la libertad de expresión en nuestro hemisferio podemos mencionar el asesinato de periodistas (en las últimas décadas más de 150 periodistas han sido asesinados), las múltiples amenazas de que son objeto diariamente los medios de comunicación y los periodistas en general; la voluntad política de algunos funcionarios públicos de acallar a sus críticos a través de diferentes formas de hostigamiento; la existencia y la no derogación de “leyes mordaza”, contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales; la aplicación de la censura previa, y la existencia de organismos de censura de la libertad de expresión.