La
política del palo: violencia contra la prensa
en América Latina
Por Silvio Waisbord
El 25 de enero de 1997, el cadáver
achicharrado del reportero gráfico José Luis Cabezas apareció
en un automóvil quemado en Pinamar, un elegante centro de
veraneo argentino. El asesinato heló la médula de los argentinos,
pues recordaba los métodos infames de los escuadrones de
la muerte que recorrían el país en tiempos de las juntas
y de la guerra sucia de la dictadura militar. Cabezas había
sido secuestrado, esposado, torturado, baleado y quemado
dentro del vehículo. El cadáver quedó irreconocible; los
investigadores usaron el llavero de Cabezas, su reloj y
su expediente dental para identificarlo.
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| José
Luis Cabezas, reportero gráfico de la revista
Noticias, de Argentina, fue asesinado en enero
de 1997. |
El suceso se convirtió en un símbolo de la violencia
contra la prensa y un grito de batalla para los periodistas
en América Latina. Se organizaron manifestaciones para pedirle
al gobierno que investigara y encausara a los responsables
del asesinato. La fotografía de Cabezas sobre el lema “No
olvidemos a Cabezas” apareció en vallas y pasquines en los
edificios públicos y en las redacciones. Si bien en Argentina
se registraron casi 900 ataques físicos y verbales contra
periodistas entre 1989 y 1997, este caso traspasó los límites
de la violencia acostumbrada. El salvajismo de los verdugos
de Cabezas no sólo recordaba los peores años de la violencia
amparada por el estado, sino que acabó con la idea de que
los atentados contra los periodistas habían terminado con
el régimen autoritario en Argentina, durante el cual se
registraron casi 100 asesinatos o desapariciones de periodistas.
El asesinato de Cabezas es uno de los ejemplos
más recientes de la persistencia de la violencia contra
la prensa en América Latina. El cambio de autoritarismo
a democracia no ha acabado con la violencia contra los periodistas.
De 27 reporteros muertos en 1997 en todo el mundo, 10 casos
corresponden a América Latina, cuatro a Colombia, tres a
México, y uno a Argentina, Brasil y Guatemala, respectivamente.
Durante la última década, decenas de periodistas se han
visto intimidados y asaltados, y 122 han resultado asesinados
o desaparecidos. Las organizaciones domésticas e internacionales
han exigido que los casos se investiguen y la Organización
de Estados Americanos (OEA) creó la oficina de un relator
de prensa para reportar los abusos. Sin embargo, los responsables
de la violencia contra la prensa rara vez han sido encausados.
Como ha sucedido en el caso Cabezas, las investigaciones
judiciales se demoran y se atascan en una red de intereses
políticos.
¿Qué mueve la violencia contra la prensa en
América Latina, y cual es el reflejo que arroja sobre el
estado de la libertad de expresión en la región? ¿Está el
problema relacionado con la dificultad de garantizar el
respeto a los derechos humanos? ¿O es una manifestación
de una dinámica mayor de violencia política que fundamenta
la historia política de la región?
Violencia
contra la prensa y violencia política
La violencia contra la prensa es sencillamente
otra manifestación de la violencia que ha asolado por mucho
tiempo a América Latina. En una región dominada por una
política violenta, sería sorprendente que la prensa no fuera
blanco de ataques. No es coincidencia entonces, que se haya
producido un mayor número de ataques mortíferos contra los
periodistas en países donde los niveles históricos de violencia
han sido altos. De acuerdo con los archivos de organizaciones
domésticas e internacionales, la situación en Colombia,
Guatemala, México y Perú es significativamente peor que
en otros sitios de la región. La tasa de 133 periodistas
muertos entre 1978 y 1997 ha hecho de Colombia, en particular,
uno de los países más peligrosos para quienes ejercen esta
profesión, aunque la situación mejoró un poco en la década
de los 90. Dieciocho periodistas fueron asesinados en 1986
en el apogeo de la violencia relacionada con el cartel de
Medellín, comparado con cinco en 1997. También en los años
90, 15 asesinatos de periodistas se conocieron en México
y 20 en el Perú.
En esos países, la violencia contra la prensa
no está aislada de las condiciones políticas más amplias.
La violencia ha caracterizado la política colombiana durante
gran parte de la historia moderna del país. Guatemala se
recupera de 36 años de guerra civil. En México, la violencia
relacionada a las drogas es común, especialmente en los
estados norteños. Perú tiene que lidiar con los residuos
de movimientos guerrilleros violentos y con la herencia
del golpe de 1992, que le dio carta blanca a los militares
y a los servicios de inteligencia.
La violencia contra la prensa está vinculada
a la crisis del Estado. La existencia de zonas sujetas al
dominio de narcotraficantes, grupos paramilitares y movimientos
guerrilleros manifiestan la desintegración de la autoridad
del Estado. Aunque cualquier generalización obviaría las
sutilezas de cada caso, los ataques a los periodistas deben
ser entendidos como una expresión de una situación de guerra
“incivil” –de violencia localizada, dispersa y no estructurada–
a la cual le falta las características de una guerra civil
formal. Este tipo de crisis varía en cada país, pero es
evidente en países donde la violencia contra la prensa es
endémica.
El peso de la economía del narcotráfico ha exacerbado
la situación. A menudo, en complicidad con las autoridades
locales y nacionales, los jefes de la droga tienen control
absoluto sobre determinadas zonas geográficas. Un periodista
que pretenda reportar sobre asuntos relacionados con las
drogas, corre el riesgo de enfrentarse no sólo con los narcotraficantes,
sin paciencia para con el debate democrático, sino también
con la pasividad de las autoridades oficiales. El panorama
se complica aun más con los militares y con los grupos paramilitares
creados para combatir el narcotráfico y la insurrección
guerrillera. Estos grupos disfrutan de una gran autonomía
y, si responden a algún poder, responden sólo a las autoridades
militares. La combinación de poderosos jefes de la droga
y fuerzas oficiales corruptas, especialmente en las regiones
dominadas por movimientos guerrilleros en la última década,
ha sido mortífera para los periodistas. Una compleja red
de intereses que incluye jefes de la droga, políticos locales,
policías, militares y guerrilleros, en algunos casos se
ha confirmado y en otros se sospecha que está detrás de
decenas de ataques contra periodistas.
Estos problemas se agudizan en el interior de
los países. Aunque las zonas urbanas no están exentas, la
prensa provincial ha sido más susceptible a los ataques
mortales que la prensa metropolitana. En la última década,
el 75 por ciento de los asesinatos y desapariciones de periodistas
en la región tuvo lugar en provincias. Entre 1986 y 1996,
un periodista fue asesinado en la Ciudad México, de un total
de 10 periodistas muertos en ese país. Igualmente, los periodistas
que trabajan en Brasilia, Rio de Janeiro y São Paulo rara
vez han sido blanco de la violencia; la mayoría de los ataques
han sido dirigidos a sus colegas en el interior brasileño.
brasileño. En Paraguay, también, los periodistas que trabajan
en pueblos fronterizos han sufrido más intimidaciones y
agresiones físicas que sus congéneres en la capital.
Cuando el estado deja de ejercer su soberanía
y la ley no impera, los periodistas, al igual que otros
ciudadanos, confrontan una situación peligrosa. Al contrario
de otros, sin embargo, los periodistas –especialmente aquellos
afiliados a las grandes empresas noticiosas en las zonas
metropolitanas– tienen la posibilidad de atraer una bien
difundida publicidad. Las grandes empresas de medios así
como las organizaciones nacionales e internacionales ofrecen
“disuasión por publicidad”. Esto, sin embargo, no garantiza
la invulnerabilidad, según lo evidencia el frecuente hostigamiento
de los periodistas en zonas metropolitanas, incluyendo los
asesinatos en pleno día. Los periodistas que están lejos
de las luces de los grandes medios tienen aún menos protección.
Faltándole la visibilidad y la prominencia de los medios
noticiosos metropolitanos y el control efectivo sobre los
poderes locales, los reporteros regionales son vulnerables
a la brutalidad policíaca y a la represión paramilitar.
La ineficacia del sistema judicial exacerba
esta situación anárquica en gran parte de América Latina.
Los sospechosos rara vez son procesados, y cuando lo son,
los casos se engavetan y se olvidan; por ejemplo, los responsables
fueron identificados y capturados en solamente seis de los
108 asesinatos de periodistas colombianos entre 1977 y 1995.
El problema no es tanto la falta de legislación como el
incumplimiento de las leyes. Este problema no es peculiar
a la violencia contra la prensa, sino que representa la
dificultad mayor de institucionalizar el estado de derecho
y de eliminar la impunidad en la región.
La
violencia y el nuevo espíritu del periodismo
La violencia contra la prensa no es indiscriminada.
No es la prensa, en general, la que sufre la violencia,
sino los reporteros individuales y las organizaciones de
prensa. En el pasado, el hostigamiento a los reporteros
estaba vinculado a confrontaciones partidistas o ideológicas.
Los ataques de hoy presentan un patrón distinto y reflejan
el auge de organizaciones que se atreven a confrontar a
los oficiales del Gobierno y a examinar las actividades
de las organizaciones paramilitares y del narcotráfico.
La mayoría de las víctimas son reporteros que cubren asuntos
controversiales y sensibles, como la corrupción, el narcotráfico
y los abusos contra los derechos humanos. En México, los
blancos incluyen publicaciones que investigan vínculos entre
los jefes de la droga y la policía y los jueces locales,
como el periódico Zeta, de Tijuana. Los reporteros
que escriben acerca de la corrupción policial, incluidos
periodistas de TV Azteca, Reforma y El Universal
también sufren ataques. En Perú, el semanario Caretas
y el diario La República, así como los reporteros
investigadores de medios impresos y de la televisión, son
intimidados por los militares y por los servicios de inteligencia.
En un episodio que tuvo repercusiones nacionales e internacionales,
el elenco y el dueño de la estación de televisión Frecuencia
Latina se vieron precisados a abandonar el país luego de
denunciar abusos militares, corrupción e interceptación
ilegal de líneas telefónicas por parte del Gobierno.
En países sin tradición de respeto por los derechos
democráticos básicos, persiste la creencia de que el reporteo
crítico es un estorbo que puede y debe ser eliminado. A
pesar de una mejoría evidente en el clima general de la
libertad de prensa después de la restauración de la democracia,
la actitud ambigua de los gobiernos de la región hacia la
prensa implícitamente envía el mensaje de que la violencia
contra los periodistas no será castigada. Los intentos legales
de callar a la prensa crítica refuerzan el sentido de que
una prensa adversaria no puede ser tolerada.
En la Argentina, las peroratas del Gobierno
contra los periodistas van en contra de la retórica oficial
la cual proclama que una prensa crítica es bienvenida en
un orden democrático. Cuando un reportero que investigaba
la conexión entre mafias políticas y políticos prominentes
fue golpeado recientemente, el presidente Carlos Saúl Menem
comentó a la ligera que esos ataques eran “gajes del oficio”.
Después de una serie de revelaciones acerca de la construcción
de una nueva pista en el aeropuerto de su pueblo natal,
Menem ripostó que el reportaje había sido producido por
“periodistas estúpidos, mentirosos y deleznables pagados
por la oposición”. Durante una rueda de prensa para corresponsales
extranjeros en junio de 1997, Menem describió a Horacio
Verbitsky, columnista del diario Página/12, como
“uno de los mayores terroristas en la Argentina”. Más tarde
en el mismo año, Menem endorsó la “ley del palo”, refiriéndose
a la “libertad de la estaca” que había propuesto Benjamin
Franklin como condición de la libertad de prensa. Franklin
había bromeado que la “ley de la estaca” permitiría que
los escritores que atacaran la reputación de alguien fueran
emboscados y vapuleados, y que los reporteros que afrontaran
al público fueran emplumados. El tono irónico de los comentarios
de Franklin, repetidos por Menem, no tuvo mucha acogida
en un país que todavía se recuperaba del asesinato brutal
de Cabezas. Finalmente, luego de revelaciones en la prensa
de corrupción gubernamental, la administración de Menem
presentó un proyecto de ley al Congreso que incluía cárcel
y altas multas por insultos y por difamación que resultaba
más severa que la pena impuesta por tortura. Menem retiró
el proyecto de ley mordaza después que ésta fuera objeto
de protestas domésticas e internacionales.
En otros lugares en América Latina, la situación
legal no es mucho mejor. La presa peruana sigue supeditada
a las leyes contra el terrorismo promulgadas después del
golpe de 1992. En México, el gobierno de Zedillo presentó
un proyecto de ley al Congreso que incluía multas de hasta
100.000 dólares por difamación, e indemnizaciones ilimitadas
contra los dueños de los medios. Hasta el momento hay presentados
74 casos bajo esta ley.
¿Cuál es la importancia de la violencia contra
la prensa?
Una prensa democrática es necesaria para fortalecer
la sociedad civil y las libertades fundamentales. En América
Latina, la dificultad no sólo estriba en el establecimiento
de una prensa independiente del Estado sino, además, en
la existencia de sociedades diezmadas por costumbres violentas.
La violencia contra la prensa pone de relieve la fragilidad
de las instituciones democráticas en países que todavía
experimentan guerras interinas y cuyos gobiernos son incapaces
de proteger los derechos básicos. La América Latina sufre
el legado de violencia de los períodos dictatoriales. La
región todavía sufre del uso de los poderes del estado a
discreción de los gobernantes y de la existencia de organizaciones
criminales que eluden cualquier tipo de control democrático.
La actitud equívoca de los funcionarios electos hacia la
protección de los derechos de la prensa contribuye a fomentar
una atmósfera de violencia. Las perspectivas de afirmar
una prensa democrática quedan seriamente constringidas cuando
la sociedad civil, idealmente un reino de pluralismo y de
tolerancia, se fragmenta en islotes de civilismo. Más allá
de esos islotes, la prensa, si decide criticar los poderes
locales y nacionales, confronta la violencia de guerras
decididamente inciviles.
Silvio Waisbord
es profesor asistente de comunicaciones de la universidad
de Rutgers. Está terminando un libro sobre periodismo investigativo
en Suramérica.
