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Perú:
sombras y desafíos de los
medios de comunicación en período electoral
Por Rosa
Zeta de Pozo
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| El
presidente peruano, Alberto Fujimori |
La situación
de los medios de comunicación en el Perú durante
el período electoral ha cobrado interés internacional
y no especialmente porque sea digna de parangón, sino,
lamentablemente, por una serie de denuncias en torno a presiones,
amenazas y coacciones gubernamentales que impiden el normal
desenvolvimiento del ejercicio profesional del periodismo.
Veamos el tema en un entorno que nos permita enjuiciarlo desde
el ámbito comunicativo que es el que nos compete y
preocupa.
El tema es complejo.
Se puede hablar de una libertad de prensa legal, garantizada
en la Carta Magna y en los códigos civil y penal, a
la que siempre hace referencia el Presidente cuando se le
pregunta al respecto; pero no se puede hablar de una prensa
independiente política y económicamente, al
servicio de quienes tenemos derecho a información de
calidad, y no sólo en períodos electorales.
Se puede decir que existe una declaración de principios
y normas legales que avalan la libertad de expresión,
pero, paralelamente, existen situaciones puntuales de mediación
estatal que van en desmedro de la libertad.
El retiro de la
nacionalidad peruana a Baruch Ivcher, el accionista mayoritario
de Frecuencia Latina (TV), medio con el que antes el Gobierno
tenía cordiales relaciones; la interceptación
de teléfonos a periodistas; el proyecto de ley acerca
del secreto profesional de fuentes, a punto ser observado;
las declaraciones presidenciales y la publicidad como privilegios
de algunos medios; el intento de inserción de publicidad
estatal en medios independientes, etc., fueron temas que en
los años finiseculares empañaron esa libertad
garantizada en nuestra Constitución.
En los últimos
meses, como informó el vicepresidente para el Perú
de la Comisión de Información y Libertad de
Prensa de la SIP, se han denunciado métodos sutiles,
que inducen a creer que hay acciones atentatorias contra la
libertad de prensa, por la vía de la manipulación
de medios de comunicación y de campañas de desinformación
y agravios impunes.
Nuestros medios
parecen estar divididos en dos grandes grupos: un grupo pro
Gobierno (aparentemente independientes), y los independientes
que generalmente son calificados por contraste como los de
la oposición, y que en algunos casos se han alineado
en esa categoría. Existe una denuncia sobre la vinculación
económica y de contenido editorial de numerosos periódicos
tabloides de tipo sensacionalista, según sus propios
periodistas, con los servicios de inteligencia del Estado
al servicio del Gobierno; con el propósito de realizar
campañas de desprestigio, difamación y agravios
tanto contra políticos opositores al régimen
del Presidente, como contra periodistas independientes. Estas
tendencias aparecen en un estudio de transparencia que refleja
una imagen negativa dada a los candidatos a la presidencia
en las portadas de los diarios que cuestan menos de 0,30 centavos
de dólar.
Otro caso similar
es el de Faisal Francalosi, de Aprodev; quien a pesar de haber
sido procesado por dedicarse a agraviar a políticos
opositores y periodistas independientes desde una página
en Internet de amplia difusión y de inexplicado financiamiento;
prosigue reproduciendo las publicaciones que hacen los periódicos
sensacionalistas.
Otros problemas
están relacionados con la relativa independencia de
los medios, esencialmente de la prensa y la televisión,
para realizar un periodismo de investigación profundo
en el que se tenga acceso a todas las fuentes de la administración
pública; en el que se respete el secreto profesional
a las fuentes, y sin temor a las consecuencias funestas en
caso de ser investigaciones que revelen situaciones poco favorables
al gobierno de turno.
Lamentablemente
este tipo de investigaciones siempre han estado relacionadas
con situaciones poco claras para las empresas periodísticas
y los periodistas involucrados en ellas. Aunque el Presidente
siempre refiere que los problemas son de índole interno,
a nivel de empresas y que no hay ningún interés
gubernamental de por medio, siempre queda la duda cuando las
dificultades de las empresas informativas surgen inmediatamente
después de alguna denuncia que deja mal parado al entorno
presidencial. Al caso de interceptación telefónica
se suman las declaraciones de Baruch Ivcher afirmando que
investigaciones sobre qué y cómo se gastaba
el dinero que entraba al Perú y sobre la forma de reparto
de la publicidad estatal (que representa más de 30
por ciento de la inversión publicitaria en el país)
preocuparon a muchos personajes del Gobierno y después
sucedió lo que ya es de dominio público. De
esta misma índole es la inquietud presentada por Alejandro
Miró Quesada Cisneros, director de El
Comercio, ante la SIP sobre la posibilidad de un plan
que se estaría gestando en el Poder Judicial, con miras
a que una minoría de accionistas afines al Gobierno
pretendan tomar el control del diario. Esta situación
se generó después de que su unidad de investigación
denunció recientemente la falsificación masiva
de firmas para inscribir a uno de los movimientos que postulan
la re-reelección del Presidente. Por otra parte, la
situación de embargo de los equipos de Radio 1160,
de Genaro Delgado Parker, se agravó por ser posterior
a una declaración del propietario en torno a que "En
la televisión no se permite la difusión de opiniones
favorables a candidatos que no sean los oficiales".
Estas situaciones
poco claras tienen el riesgo de producir un efecto de amedrentamiento
que limita la facultad de investigación propia del
derecho a la información, sobre todo si se trata de
empresas pequeñas. Lo que llama la atención
es –como lo manifiestan periodistas y analistas peruanos–
que se niegue todo sin iniciar una investigación profunda
para deslindar responsabilidades e identificar a los involucrados.
Otro denuncia se
relaciona con el comportamiento llamativo, de casi todos los
canales de televisión abierta que hasta principios
de marzo se negaron sistemáticamente a informar sobre
las actividades proselitistas y partidarias de los candidatos
de oposición1. Es verdad que no se puede
transgredir la autonomía editorial de los medios; pero
como afirma Hugo Guerra, esta actitud es inusual dado a que
el Perú está en pleno proceso electoral que
debe desembocar en elecciones generales el próximo
9 de abril. El tema ha mejorado luego que la denuncia fuera
resaltada también por instituciones extranjeras.
La denuncia sobre
este hecho apunta a presiones ejercidas desde el poder gubernamental
en torno a cuestiones tributarias, procesos judiciales que
comprometen a los propietarios de diversos canales y a que
el Estado es el principal anunciador televisivo2
en una época de recesión aguda. Debe tenerse
en cuenta que en el Perú las frecuencias televisivas
son una concesión del Estado, que, eventualmente, podrían
revocarse.
La relación
de dependencia económica que puede crear el que un
medio de comunicación sea el privilegiado con la inversión
publicitaria del gobierno es negativa. Esencialmente si con
ella se favorece la difusión de programas que tienen
baja calidad informativa y en los que negligentemente se deja
de lado la función educativa que según la Constitución
debe ser cumplida no sólo por medios del Estado, sino
que todos los medios "deben colaborar con el Estado en
la educación y en la formación moral y cultural"
(artículo 14). El que exista diversos medios y a la
vez una parte de ellos estén ligados económicamente
o indirectamente al Gobierno, resta esa garantía de
que "los medios de comunicación social no pueden
ser objeto de exclusividad, monopolio o acaparamiento directa
ni indirectamente por parte del Estado ni de particulares"
(artículo 61).
En esta situación
difícil que viven actualmente los medios peruanos,
su responsabilidad adquiere un peso mayor y les plantea lo
que podríamos denominar desafíos informativos
en época de crisis.
Los organismos
internacionales como la SIP, Reporteros sin Fronteras, el
Comité para la Protección de Periodistas (CPJ),
la OEA, la Misión Carter, sirven de apoyo y respaldo
en situaciones poco transparentes como la actual; pero son
las instituciones peruanas, como el Consejo de Prensa, la
Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social,
el Consejo de Autorregulación Publicitaria, Transparencia,
la Defensoría del Pueblo las que a pesar de las dificultades
deben seguir trabajando por mantener en un nivel alto la labor
informativa. Históricamente podemos decir que los conflictos
entre la prensa y la política son añejos y que
difícilmente cambiará el panorama, por lo tanto
debemos ser conscientes de que la libertad de prensa en el
Perú implica responsabilidades.
Los desafíos
están en la línea de seguir trabajando por mantener
una prensa independiente, en la que se fomente el periodismo
de investigación, en la que haya coherencia entre la
producción informativa y los debidos intereses del
público, y en la que se reflexione sobre los temas
más importantes que los ciudadanos debemos conocer
para poder actuar libremente. Un buen ejemplo son las "Propuestas
para una Agenda de Gobierno", que El
Comercio entregó a sus lectores. Se trata de
un documento que recoge los que considera los principales
problemas del país, que deben ser asumidos de inmediato
por el gobierno que se inicie en julio.
Otro desafío
importante es el de la solvencia económica y de la
claridad empresarial que permita una independencia en la labor
informativa porque, como dice T. Tuleya, no tiene que existir
un conflicto entre la praxis ética y el cuidado de
una cuenta de resultados.
Y el desafío
más importante es el relacionado directamente con la
formación profesional y ética que permita actuar
libremente y con criterio. Actualmente tenemos 30 facultades
de comunicación en el país y en muchas de ellas
al dejar de lado una formación más sólida
y de bases humanísticas, los periodistas están
saliendo desprotegidos de valores fundantes y, por tanto más
permeables a malos juegos en el negocio, o sin conciencia
clara de los fines sociales de la información.
1
Un estudio de transparencia, con información proporcionada
por la Supervisora de Medios y Publicidad S.A.C., revela que
durante los días 24, 25, 26 y 27 de marzo solamente
dos candidatos tuvieron publicidad electoral en la televisión
de señal abierta: Alberto Fujimori, con 280 cuñas,
en 5h.14m de duración conforma el 99 por ciento. El
uno por ciento restante –3m.12s. en 6 cuñas difundidas
solo el 27 de marzo en el canal 11– pertenece a Alberto Andrade.
2
Con 18 millones de dólares, la publicidad gubernamental
duplica la inversión de la segunda empresa más
importante del mercado, siendo la televisión de señal
abierta el medio más beneficiado. Cfr. Rosa Zeta .
Marisa Aguirre. Los Medios de Comunicación en el Perú
. V Encuentro Internacional de graduados Latinoamericanos
. "Un proyecto para América Latina" Pamplona
(España). Universidad de Navarra, 24-26 de febrero
de 2000.
Rosa
Zeta de Pozo es periodista peruana.
(7
de abril del 2000)
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